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Delitos federales / Subterráneo

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Vincent

La distinción entre los delitos de las autoridades locales y aquellos que deben vigilar las autoridades federales es vaga y cambiante.

En algunos casos la separación nace del tipo de delito: son delitos federales el narcotráfico en todas sus modalidades, el comercio ilegal de joyas arqueológicas y el uso de armas reservadas al ejército. En otros casos la separación se debe al lugar en el que el delito fue cometido: son crímenes federales los que ocurren en las oficinas y casas de las legaciones diplomáticas extranjeras, al igual que los que tengan lugar en las carreteras federales o en las naves y aeronaves de matricula mexicana que estén surcando aguas o cielos internacionales. En otros más, por último, el delito resulta local o federal por la calidad de la persona a la que se atribuye el crimen: si el presunto responsable es una autoridad federal o un diplomático o agente consular extranjero, el delito será también del orden federal.

A esto ha de añadirse que la PGR, o sea la Procuraduría General de la República, tiene una facultad consagrada en la ley a la que se conoce como "facultad de atracción", que le permite atraer al ámbito de su competencia delitos que por su importancia o por el modo en que fueron realizados, no resulta conveniente, al menos políticamente, dejar a cargo de las procuradurías locales. Quizá el asesinato de Colosio sea más notorio en este sentido, ya que fue restado del dominio de las autoridades de Baja California y sumado al de las autoridades federales.

PROPORCIONES

A juzgar por las declaraciones oficiales, sobre todo las que hace periódicamente el presidente de la República, los delitos federales son los más importantes porque dañan a la República más que los crímenes locales. En este sentido sobresale de manera muy particular el narcotráfico, que al decir del Presidente Zedillo pone en peligro la soberanía, la gobernabilidad política y la estabilidad económica de la nación.

Las cifras disponibles hasta hace unos cuantos años no justificaban tales afirmaciones. Si se considera el número de presuntos responsables presentados ante los jueces federales y los del orden local entre 1990 y 1998, resulta que los primeros representan en promedio el 12...

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