Delitos electorales en México
| Autor | Geovanni De Jesús Durán Muñoz |
| Cargo | Licenciado en Derecho |
| Páginas | 16-21 |
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SEPTIEMBRE 2016
DELITOS
ELECTORALES
EN MÉXICO
Con admiración y profundo cariño a José Alejandro E. Durán Delgado,
analista asiduo del contexto político-electoral.
Sin lugar a dudas, en nuestro país asistimos actualmente a una era de intenso redi-
seño jurídico, social, político e institucional, permeado por una incontenible ola
de adecuaciones normativas que, por los nuevos y definitivos derroteros que lleva
implícitos, impactan sustancialmente la forma en que se ha percibido, interpretado
y practicado el estado de derecho en México.
Se trata del umbral de una histórica y decidida transición nacional hacia la
consolidación democrática, que se traduce esencialmente en el interés del Estado
por reivindicar su carácter de garante de las libertades y derechos fundamentales de
todos los gobernados, para alcanzar su mayor e inmejorable realización posible, a
partir de la centralidad del individuo en los quehaceres estaduales.
Esa transición está imbuida ahora por nuevas pautas y directrices normativas
internacionales que, al ser integradas al sistema jurídico mexicano por virtud de
nuestro máximo corpus iuris, se traducen en normas de jerarquía suprema en toda
la Nación, con los efectos vinculantes y las consecuencias respectivas que se deri-
ven de su quebrantamiento.
La innegable importancia jurídica y social de la democracia como forma de
gobierno, ha propiciado que los países modernos la adopten como mecanismo de
habilitación, legitimación y control del poder público, vía el ejercicio destacado
de la soberanía del pueblo a través del sufragio activo y la representación popular,
como acontece en el caso de México.
Por GEOVANNI DE JESÚS DURÁN MUÑOZ
Licenciado en Derecho. Maestrante en Derechos Humanos y Justicia Constitucional.
Diplomados en Sistema Procesal Penal, Acusatorio y Oral y en Derechos Humanos y Amparo.
Auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Veracruzana. Becario del Conacyt en el Sistema Nacional de Investigadores.
“[…] la democracia, desde un punto
de vista formal, debe entenderse
como aquel sistema político que
determina la forma de gobierno a
través de la participación de todos
los ciudadanos, en el que se designa
por medio del voto a aquéllos que
ocuparán los cargos públicos, lo cual
implica el derecho para esos ciuda-
danos de votar y ser votados; libertad
para designar candidatos a puestos
de elección popular, así como la posi-
bilidad de participar colectivamente
en los asuntos públicos.”1
Para ello se ha requerido de la
configuración y perfeccionamiento
vanguardista de los sistemas electora-
les que, bajo un conjunto de normas y
procedimientos específicos, garanticen
periódicamente la auténtica renovación
de los ámbitos de poder Ejecutivo y
Legislativo, acorde a la lectura de los im-
perativos del texto de la Constitución,
de manera que robustezcan un esque-
ma más amplio y efectivo del sistema
representativo, la soberanía popular,
legalidad, transparencia, pluralismo,
participación, alternancia política, elec-
ciones competitivas, fuerza del consen-
so y de respeto a todas las personas en
sus derechos y libertades públicas, en
aras de no conculcar prerrogativas fun-
damentales como los derechos al voto
–activo y pasivo–, asociación, afiliación
u otros valores de igual rango supremo.
“Las múltiples reformas electorales
han jugado un papel decisivo en la
consolidación del sistema democrá-
tico de nuestro país. Contamos con
instituciones democráticas que poco
a poco van ganando certeza en los
procesos electorales, existe una reali-
dad plural que se expresa en mejores
equilibrios en el poder público. Sin
1Lorenzana Rojas, Fernando, Bello Nava, Adrián y Arias Pérez, Francisco, “El control constitucional de los instrumentos de participación ciudadana: Una propuesta de reforma”, en
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Constitucional Electoral. Memoria IV Congreso Internacional de Derecho Electoral, México, TEPJF, 2002, p. 406.
DERECHO PENAL
ELECTORAL
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