De decreto que deroga, adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos y cultura indígena., de 16 de Mayo de 2001
DE DECRETO QUE DEROGA, ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 16 DE MAYO DE 2001
Los suscritos, legisladores federales del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente Iniciativa de Decreto que deroga, adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La década de los 90s fue un espacio en el que se reconstituyó la lucha de los pueblos indios en América Latina y en México.
En ese lapso se firmó el Convenio 169 de la OIT, en materia de derechos indígenas; se cumplieron también 500 años de la conquista de América, por los europeos, en un marco de resistencia y protestas; estalló el levantamiento indígena en Chiapas, y después vinieron los diálogos de San Andrés y la elaboración de la llamada Iniciativa de Ley Cocopa.
Justo el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en México se rompió el hilo por lo más delgado. La noticia de la existencia de un grupo armado mayoritariamente indígena, hizo voltear la vista hacia quizá la deuda histórica más grande que tenemos, con los descendientes de los pobladores originarios, quienes han resistido y sobreviven a pesar de todo. Por eso declararon la guerra en contra de su olvido, contra su humillación, contra su inexistencia legal.
Las voces del poder fueron primero de aniquilamiento.
Pero ese conservadurismo represivo cedió pronto ante la justeza de las demandas planteadas. La sociedad civil obligó a las partes a cesar todos los actos de guerra a unos cuantos días de iniciados.
Eso obligó también a resolver el conflicto mediante el diálogo.
Por eso, el Congreso de la Unión expidió la Ley para suspender toda acción judicial contra los zapatistas, crear una instancia de coadyuvancia denominada Comisión de Concordia y Pacificación, y obligar a las partes a negociar una paz digna y justa, ofreciendo plasmar en ley los acuerdos que se alcanzaron.
Así se suscribieron los primeros Acuerdos en San Andrés Larráinzar, mismos que en textos explícitos, especifican los derechos y los aspectos de la cultura indígena, que deben plasmarse en la ley.
Poco después, legisladores de todos los partidos elaboraron la llamada Iniciativa de Ley Cocopa, que recoge la traducción legislativa de los Acuerdos de San Andrés, aceptada por las partes.
Por una cuestión realmente inexplicable, el gobierno de Zedillo desconoció los acuerdos a los que llegó su administración.
Transcurrió casi todo un sexenio, y entre los pueblos indios y la sociedad civil creció la exigencia de cumplir los Acuerdos de San Andrés y aprobar la Ley Cocopa.
Tanto fue así que todos los candidatos presidenciales del año pasado, concibieron la cuestión indígena y la paz en Chiapas como tema urgente. La gran mayoría de ellos incluso incorporó en su discurso la reivindicación de la Ley Cocopa.
Fox envió la Iniciativa al Congreso de la Unión en diciembre pasado, y la propia comandancia del EZLN decidió venir a la Ciudad de México a defenderla frente a los legisladores federales. Así, las dos partes del conflicto volvían a demandar al Congreso plasmar en la Constitución lo acordado por ellas.
Aquellos que se negaban siquiera a que los zapatistas salieran de Chiapas, moderaron sus posturas.
Quienes hablaban de un diálogo imposible con encapuchados, discutieron un formato para el mismo.
Quienes plantearon un día un diálogo clandestino, cedieron ante el reclamo del pueblo de México, que exigió un diálogo abierto, público, con un formato digno, adecuado a la importancia del mismo.
Así llegamos a la histórica reunión entre legisladores y zapatistas el 28 de marzo, sin lugar a dudas la mejor página de lo que va de la historia de esta legislatura.
Significa, que no sólo no hemos concluido, sino acaso empezamos el 2 de julio.
Parecía que estábamos muy cerca de cumplir con los Acuerdos de San Andrés.
Pero la gran emoción positiva del 28 de marzo, que conectó al Poder legislativo con la sociedad, fue reemplazado por una discusión cercenada.
Un mes después el Congreso de la Unión, en medio del desencanto, aprobó una reforma constitucional que no resuelve el problema de fondo, y con la cual todos perdieron.
Perdieron los pueblos indios porque lo que pelearon no se plasmó en la reforma. Perdió el gobierno porque no recobró la estabilidad. Perdió el Congreso porque la sociedad no reconoció como avance alguno la reforma aprobada. Perdió el partido gobernante porque no asumió la responsabilidad de velar por el interés general. Perdió el país porque se detuvo el camino andado hacia la paz.
Estamos, como lo advertimos, nuevamente en el principio. La sociedad está demandando abrir otra vez este debate legislativo y resolverlo bien.
Con humildad tenemos que escuchar las voces críticas que se han levantado rechazando la reforma recientemente aprobada. Ahí están la, voces, del Congreso Nacional Indígena, del Instituto Nacional indigenista, de Xóchitl Gálvez, de Rigoberta Menchú, de los académicos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indios de Panamá, de los intelectuales, de don Miguel León Portilla. Todos nos piden comenzar de nuevo la tarea y hacerla...
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