Los decomisos una auténtica fortuna
| Autor | Pablo César Carrillo y Víctor Fuentes C. |
A la hora de lidiar con el hoyo jurídico que representaba el manejo de bienes asegurados a la delincuencia, sólo hubo una solución: Sacarlos del control de la Procuraduría General de la República.
Hasta el cierre de 1999, la dependencia -que reconocía su carencia de infraestructura para vigilar los bienes decomisados- tenía en inventario 17 millones 246 mil dólares y 34 millones 538 mil 971 pesos, lo que representa el 18 por ciento del presupuesto que el Gobierno federal destina al año a la lucha contra el narcotráfico. Pero eso es sólo el dinero en efectivo y las cuentas.
Los aseguramientos incluían una lista de 301 aeronaves, 118 embarcaciones, mil 153 inmuebles y 6 mil 462 autos. A los que se suman 28 mil 815 objetos varios, 43 empresas, 4 mil 650 piezas de joyería y 6 mil 781 cabezas de ganado.
El 13 de agosto de 1999 comenzó el traspaso de los recursos al Servicio para la Administración de Bienes Asegurados, un organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y, en teoría, proporciona mayor seguridad, pues se rige por la primera ley federal específicamente creada para regular esta materia.
Ahora, los bienes asegurados están más vigilados que nunca. Y aún así, todavía se investiga para saber si el ex Oficial Mayor de la PGR, Juan Manuel Izábal, obtuvo de ahí los 1.6 millones de dólares detectados en cajas de seguridad, que lo orillaron a suicidarse en marzo pasado.
La regulación de los bienes
Los billetes suelen aparecer adentro de un costal, como los casi 5 millones de dólares del secuestrador Daniel Arizmendi, o en cuentas bancarias secretas en Suiza, con nombres ficticios, como todos los millones de Raúl Salinas. El dinero asegurado a la delincuencia en los últimos años es una auténtica fortuna.
Las cifras de los decomisos son tan altas que la PGR se ha confundido al tratar de enlistarlos.
En abril de 1999, la PGR informó que tenía 269 aeronaves aseguradas. El 24 de septiembre, el Procurador Jorge Madrazo dijo que tenía 260, y el 14 de octubre, el fallecido Oficial Mayor, Juan Manuel Izabal aseguró que tenían 307.
Esa confusión de cifras llevó al Gobierno a impulsar la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados Decomisados y Abandonados, la cual concede la administración a un órgano que depende de SHCP.
Antes de este cambio, el manejo de los bienes fue precario y muchas veces discrecional. Los fondos fueron utilizados lo mismo para pagar testigos, que para dar premios.
Fue hasta 1993 cuando el Procurador Jorge Carpizo...
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