Decapitaciones, la nueva amenaza
| Autor | Daniela Rea Gómez |
La cabeza cercenada de Mario Núñez Magaña apareció la madrugada del 20 de abril pasado en el puerto de Acapulco. No fue la primera decapitación de este año, pero sí la que significó una advertencia clara.
El ejecutado era un comandante de la Policía Preventiva de Acapulco, que había participado en un tiroteo con presuntos narcotraficantes el 27 de enero. Su cabeza fue colocada frente a un edificio público, el de la Secretaría de Administración y Finanzas. Era la primera vez en que era dada una señal de esa naturaleza. Además, llevaba un recado escrito: "Para que aprendan a respetar. Z".
Era la primavera del terror. La batalla de los cárteles de la droga por el control del puerto de Acapulco.
Especialistas entrevistados por Enfoque señalan que las decapitaciones vinculadas al crimen organizado, generalmente hechas post mórtem, tienen como objetivo manifestar poderío sobre el Estado y los cárteles enemigos.
"No es una acción que vaya encaminada a generar terror entre la población, entre la sociedad. Su objetivo es el enemigo, ya sea el Estado u otros cárteles", explica Alfredo Ornelas Álvarez, criminólogo y subdirector técnico de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla.
En los casi 210 días del año se han producido 14 ejecuciones (hasta el pasado 26 de julio) con el sello del narcotráfico. Una por quincena. Los decapitados han aparecido en Acapulco, Rosarito, Apatzingán, Aguililla y Monterrey. Cuatro de las víctimas fueron elementos policiacos y dos abogados. El resto eran civiles y personas no identificadas.
Los casos de decapitaciones vinculadas al narcotráfico no son recientes, se remontan por lo menos a 1989, cuando fue ejecutada Guadalupe Laija, esposa de Héctor El Güero Palma, y su cabeza enviada al entonces capo del cártel de Sinaloa.
Lo significativo de los crímenes ocurridos en este 2006 es que por primera vez ese nivel de violencia deja de ser un castigo exclusivo entre narcotraficantes y se extiende hasta amenazar al Estado, coinciden Luis González, doctor en criminología y colaborador del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), y Raúl Samaniego, criminólogo y comandante jubilado de la Procuraduría General de Justicia del DF.
Las decapitaciones hirieron hondo a las instituciones policiacas. El 17 de julio el procurador general de Justicia de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia, admitió que la ola de violencia en el estado llevó a los servidores públicos y policías a preguntarse "¿quién de nosotros será la próxima víctima?". Y recomendó a todos sus elementos policiacos, sobre todo a los integrantes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) "no hacer vida social" mientras durara la situación.
Samaniego interpreta ese mensaje como la muestra de temor entre los cuerpos policiacos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba