Una década de violencia y femicidio
| Autor | Sergio González Rodríguez |
Han pasado 10 años desde que Esther Chávez Cano, fundadora del grupo 8 de Marzo al lado de otros organismos civiles en defensa de la mujer, comenzó a consignar y a denunciar el clima de violencia y el auge de los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez. En este lapso, más de 300 homicidios dolosos admiten cerca de un centenar de asesinatos en serie que permanecen impunes.
A lo largo de una década, lo que se ha visto por parte de las autoridades de Chihuahua es un teatro de simulaciones sin fin. En especial (y con la complicidad de algunos jueces), se ha recurrido a la invención de culpables para "resolver" sin pesquisa alguna los casos, además de la saña tendenciosa contra las víctimas a las que, ya asesinadas, se les ha incriminado de haber sido las causantes de su propia muerte.
Entre dichas autoridades, han proliferado las declaraciones de franca índole misógina, siempre carentes del respaldo de acciones cabales de combate al delito. O bien, se ha recurrido a manipulaciones propagandísticas y rapidez en exonerar a priori a individuos, incluso funcionarios públicos, que deberían ser indagados por su conducta sospechosa.
Asimismo, las autoridades (ya sea del Partido Acción Nacional, PAN, como del Partido Revolucionario Institucional, PRI) han hostigado a los grupos civiles que reivindican a las víctimas de la violencia extrema en Ciudad Juárez, al igual que a periodistas, abogados, académicos, estudiantes, funcionarios y ciudadanos que simpatizan con aquéllos, o critican los resultados oficiales.
En estos 10 años, el país se hundió en la peor crisis institucional de su historia contemporánea. Sobre todo, por la corrupción generalizada que trajeron consigo los acuerdos entre el poder público con el crimen organizado, el primero de ellos, el narcotráfico. Así, el enorme negocio de la corrupción atrajo a muchos protagonistas del poder privado e incluso eclesiástico, a la clase política y a diversos representantes de los partidos. Muchos, entre la ciudadanía, se adhirieron por desgracia al crimen, lo que se entrelazó con la violencia tradicional de género: no hay que olvidar que el narcotráfico implica una estructura patriarcal, jerárquica, cerrada y caciquil.
En este lapso, México dejó de ser un país de tránsito del narcotráfico para acceder a territorio de consumo creciente en la toxicomanía. Las instituciones, en consecuencia, se debilitaron al grado de dar la espalda al Estado de derecho y permitieron la impunidad casi absoluta de los delitos a lo largo y a lo ancho de la República mexicana según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El deseo de una "transición" pacífica a la democracia se desmoronó, y los logros presumibles de este proceso han mostrado su fragilidad ante la barbarie que esconde la posibilidad de tener comicios vigilados en forma parcial y alternancia de partidos en el poder político.
La imposibilidad de tener una cifra exacta de las víctimas es parte del problema, tanto como las presunciones oficiales de tener resuelto el 80 por ciento de los crímenes, mientras éstos han continuado. De acuerdo con los datos de organizaciones civiles, un centenar de estas víctimas -de familia pobre, menudas, morenas, de cabello largo, muchas veces inidentificadas- provendría de...
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