EN EL DEBATE / ¿Jaliscienses en el gabinete?

Arturo Zamora Jiménez

Desde que se anunció la integración del equipo de entrega-recepción de la administración pública el pasado martes, se intensificaron aquí las especulaciones, gestiones y cabildeos dirigidos a influir o promover la incorporación de jaliscienses al Gabinete del titular del Poder Ejecutivo 2012-2018.

Esta dinámica obedece a tres órdenes de pensamiento. El primero, alimentado desde sectores conservadores que pretenden equiparar la forma de integración de los equipos de los presidentes panistas Fox y Calderón (donde fungieron, con éxito diverso algunos jaliscienses), con la del nuevo Presidente de extracción priista. En esta línea adscribiríamos el siguiente argumento de corte partidista-electoral: "si Jalisco aportó más votos al triunfo de Peña Nieto (apenas abajo del Estado de México), ¿no debería éste "recompensarle" con cuotas importantes de poder en la alta burocracia federal?" Se trata de una lógica insostenible, que obedece a los intereses de la propia clase política y a una idea clientelar de la administración.

El segundo deriva de la añoranza por épocas en que Jalisco contó con hombres notables que ocuparon carteras de gran importancia: don Juan Gil Preciado, Agustín Yáñez, el General García Barragán. Tal argumento va acompañado de un sentimiento pesimista que asocia la pérdida de competitividad del Estado con la baja presencia de coterráneos en la política nacional.

Afiliada a la anterior va una tercera, más sensata y hasta loable: la de buscar el reconocimiento a los muchos valores jaliscienses que actúan en nuestro entorno en variados campos de política pública y con ello, una creciente voluntad (sobre todo por parte del sector empresarial) de "hacernos escuchar", de influir en las estrategias de desarrollo nacional, especialmente en alguno de los sectores claves de Jalisco: campo, turismo, cultura, salud, recursos hidrológicos.

Aunque comprensible y atendible, me parece que esta discusión debería transcurrir por otros cauces y desde la honrosa función que me corresponde como senador de la República, propondría que trabajemos juntos en las siguientes líneas para obtener lo más y lo mejor que todos queremos para nuestro Estado.

Partamos de una premisa fundamental: la atribución de nombrar a los servidores públicos que integran la administración pública federal corresponde exclusivamente al Presidente de la República. Ello conlleva la responsabilidad de dar resultados a la nación entera, sus regiones, entidades...

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