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EN EL DEBATE / ¿Compromiso por la seguridad?

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Vincent

Arturo Villarreal Palos

México atraviesa por un grave periodo de debilitamiento de sus instituciones de justicia, que ha llevado a la existencia de una franja muy grande de impunidad y violencia. El andamiaje del sistema de procesamiento de los conflictos penales no responde a las necesidades actuales y las instituciones policiales tampoco están a la altura de los nuevos desafíos de la criminalidad.

A nivel constitucional y en la legislación federal se han dado pasos muy importantes para la construcción de los nuevos modelos de procesamiento penal y del sistema de seguridad pública que demanda el país. La reforma Constitucional de junio de 2008, que propone un sistema acusatorio y oral, salidas alternas a los procedimientos penales y una serie de directrices para la organización, carrera y desempeño policial, son claros ejemplos de ello.

Nuestro Estado reproduce, desde luego, esa crisis del sistema de justicia y enfrenta los embates de una delincuencia común predominantemente dedicada al robo y la extorsión, pero también es escenario de combate de los grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio y que van dejando a su paso un alto número de muertos y una gran inquietud en la sociedad.

Desde la academia hemos visto con preocupación estos hechos, pero también la respuesta de las autoridades estatales. El Poder Ejecutivo local inició funciones hace mas de cinco años y hemos visto pasar dos legislaturas desde 2007. ¿Qué se ha hecho estructuralmente en estos años en materia de seguridad ciudadana y justicia penal? La verdad es que muy poco, pues la autoridad sigue trabajando con modelos anquilosados y normas que responden a otra problemática y otros tiempos. Hay una parálisis legislativa que impide adecuar la legislación local, no sólo a la nueva normativa constitucional y federal, sino a las necesidades que demanda el combate de una delincuencia con altos niveles de cambio y movilidad. Parece increíble, pero desde 2009 no se aprueban aún las iniciativas del Ejecutivo relacionadas con la nueva organización de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el nuevo Código de Procedimientos Penales, entre otras.

Ante esta crisis de liderazgo, pasmo, debilitamiento institucional y deterioro de la seguridad y paz en el Estado es necesario hacer algo. Por ello la Universidad de Guadalajara decidió crear un Comité Universitario de Seguridad Ciudadana y Justicia, para hacer...

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