En el Debate / Civilidad entre incivilizados
| Autor | Laura Medellín Mendoza y Carlos Alberto Piña Loredo |
Laura Medellín Mendoza
El llamado a firmar un Acuerdo Democrático para la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad entre los partidos políticos contendiendo en la carrera presidencial revela el subdesarrollo democrático que pervive en el ambiente.
Durante la mayor parte de la década de los 90, el PAN y el PRD jugaron un papel de interlocución clave para los cambios en la legislación electoral. Se enfrentaron a condiciones inequitativas en la competencia por el poder y dieron una batalla importante para lograr condiciones de mayor competitividad.
Puede recordarse el Pacto de Civilidad Política de 1993 convocado por (Carlos) Salinas. El régimen político autoritario no podía envolverse otra vez en el desbordamiento político de 1988 que causó un problema de gobernabilidad estructural. Eran otros tiempos.
Con el tiempo, la legitimidad electoral se construyó gradualmente hasta dar paso a la creación del IFE. No obstante, se reconoce que han quedado temas pendientes en la agenda de la reforma político-electoral, por ejemplo, el otorgamiento de mayores controles fiscalizadores a la autoridad electoral para vigilar los recursos de los partidos y una reglamentación de sus precampañas internas.
Falta una reforma institucional más exigente que otorgue las condiciones de equidad en la competencia política. Pero no se puede negar la legitimidad que tiene la estructura electoral federal para garantizar un proceso comicial apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Sin embargo, es en la estructura electoral federal, en la cual se soporta el Consejo General, donde existe una carta de navegación del quehacer institucional.
En suma, no se puede borrar de un plumazo todo el andamiaje técnico-administrativo que ordena el Cofipe para la celebración de las elecciones. El problema es cuando los partidos no logran un desarrollo institucional con apego a una cultura democrática. Ellos también están obligados por ley a conducirse dentro de los cauces legales, ajustando su conducta dentro de los principios democráticos, absteniéndose de recurrir a las expresiones propagandísticas que impliquen calumnia, injuria, difamación que denigre a los ciudadanos y a sus rivales políticos.
Son los mismos partidos los que han propiciado el ambiente de discordia, el temor insospechado de Carlos Abascal en la Segob porque reaparezca la movilización postelectoral. Son ellos, los partidos políticos, los que se han movido...
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