David Velasco/ Gobierno y derechos humanos
| Autor | David Velasco |
Realmente impresiona el efecto que ha producido el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, de feliz memoria. Las voces de condena y repudio al primer crimen político del sexenio se han multiplicado de una manera tal, que hasta la Unión Europea ha hecho llegar su protesta y la exigencia porque se lleven a cabo las investigaciones a fondo y se castigue a los culpables.
Pero uno de los mayores efectos que ha producido este cobarde asesinato, es que ha hecho que hasta el Presidente Vicente Fox y otros funcionarios federales y estatales, se sienten a tratar la agenda de los derechos humanos con organizaciones no gubernamentales que, en otros años y aun actualmente, se han visto intimidadas y amenazadas de muerte, muy probablemente por elementos del mismo aparato de seguridad de los Gobiernos federal y estatales.
No deja de llamar la atención, por tanto, el mensaje que se quiere hacer llegar a quienes llevaron a cabo las amenazas contra Digna Ochoa desde 1995. Suponiendo, claro está, que se quiera enviar un mensaje a la ultraderecha, a elementos corruptos del Ejército federal, a grupos de paramilitares y aun a caciques regionales ligados con el narcotráfico o con los talamontes.
Lo cierto es que el martes pasado, casi de manera simultánea, se realizaron encuentros entre la Secretaría de Gobernación, presidida por su titular Santiago Creel y varios representantes de ONG defensoras de los derechos humanos encabezadas por el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Edgar Cortez; por la mañana de ese mismo martes, en El Carmen, en San Cristóbal de las Casas, el Gobernador del Estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, hacía lo mismo con defensores de derechos humanos de varios centros, encabezados por Marina Patricia Jiménez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, contra quien pesan amenazas de muerte y para quien se acordaron particulares medidas cautelares.
La preocupación en ambas reuniones fue la misma: de qué manera el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de Chiapas pueden resolver el caso del asesinato de Digna Ochoa y cómo se puede mejorar la defensa y protección de los defensores de derechos humanos. De una manera casi sincronizada, las diversas ONG hicieron planteamientos en torno a la mejor manera de impulsar una verdadera defensa de los derechos humanos y no sólo de los defensores y promotores de estos centros de derechos humanos.
También es cierto que...
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