Culpa SSPC a jueza por caso Totolapan
| Autor | REFORMA / STAFF |
La impunidad con la que operan miembros de la delincuencia organizada en la Tierra Caliente de Guerrero y que derivó en la masacre en el municipio de Totolapan, en la que 20 personas fueron asesinadas, es debido a que una jueza de control en la entidad negó un cateo, afirmó ayer el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.
Al presentar el informe semanal denominado "Cero Impunidad", el funcionario se refirió al homicidio múltiple que cimbró a este municipio guerrerense y que mantiene paralizadas las actividades de la población, ocurrido el pasado 5 de octubre, en el que fue asesinado el Alcalde Conrado Mendoza Almeda, su padre, y 18 personas más.
"Queremos informar esta situación, un caso de impunidad que se genera a partir de una dilación en la actuación de una jueza, esto en el estado de Guerrero", dijo.
Para el subsecretario, el freno por parte de la jueza Isis Peralta Salvador a una orden de cateo a inmuebles en los que operan miembros de la delincuencia organizada habría derivado, primero, en el asesinato de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, y posteriormente en la matanza en el municipio.
"Aquí es importante señalar como antecedentes que el pasado 26 de julio, con acciones de inteligencia y acciones de investigación criminal realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde el grupo criminal de la Familia Michoacana desarrollaba actividades presuntamente delictivas, entre ellas la privación ilegal de la libertad de personas".
"Se solicitó el cateo a cinco inmuebles; entre ellos, un rancho presuntamente propiedad de los líderes de la Familia Michoacana en San Miguel Totolapan. Sin embargo, a esta solicitud de cateo que estuvo formulada en términos de la ley, debidamente fundamentada y motivada, se le niega en un primer momento la solicitud de cateo", indicó Mejía.
El funcionario señaló que luego de insistir, dos días después, el 28 de julio, la jueza Peralta Salvador finalmente autorizó el cateo, pero que los presuntos delincuentes ya habían escapado.
"Ya habían pasado 48 horas, tiempo suficiente mediante el cual los presuntos criminales pudieron ya tomar providencias para salir del lugar, para quitar evidencias, y, al mismo tiempo, organizar cinco bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las fuerzas federales donde iban personal del Ejército...
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