Crisis tras deceso

AutorMETRO/STAFF

PUEBLA.- El 9 de julio pobladores de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la Autopista Puebla-Atlixco en demanda de la devolución del Registro Civil a su comunidad.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado trató de desalojar a los manifestantes.

Un grupo de civiles respondió a los uniformados con palos y proyectiles, resultando algunos agentes lesionados.

Los policías, para tratar de dispersar a la gente arrojaron gases lacrimógenos y un envase descalabró niño José Luis Tehuatlie.

El menor de edad falleció tras ser hospitalizado y su deceso creó un ambiente de tensión en el Gobierno del Estado, ya que el incidente escaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y obligó al Gobernador Rafael Moreno Valle a echar atrás la Ley Bala, que abordaba procedimientos para encarar manifestaciones.

La CNDH emitió una serie de recomendaciones al Gobierno, entre las que había sanciones para policías.

En la Policía Estatal fueron destituidos algunos mandos y encarcelados seis de agentes, dos de los cuales habrían intervenido directamente en la muerte del niño.

Por parte de los civiles fue detenido Jairo Javier Montes Bautista, Edil auxiliar de Chalchihuapan, así como a cinco pobladores.

La actuación de la Procuraduría General de Justicia fue puesta en tela de juicio, ya que inicialmente se determinó que el niño había sido herido por un cohetón de los manifestantes y posteriormente por la onda expansiva del mismo.

El coraje de los pobladores los llevó inclusive a pedir la renuncia del Gobernador. El caso fue tan sonado a nivel nacional e internacional que el Alto Comisionado de la ONU en México, Alan García, calificó como ejecución la muerte del niño.

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