'Crimen organizado estará en retirada a fin de sexenio'
Horacio Jiménez, Pedro Villa y Caña y Manuel Espino
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que al final de su administración "la delincuencia organizada estará reducida y en retirada"; plantea el fin a una política prohibicionista de drogas y retoma la amnistía.
En el documento que el Ejecutivo federal entregó al Congreso el martes se señala que durante su mandato los índices delictivos ?de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos y a casa-habitación, asalto en las calles, así como en el transporte público y otros? se habrán reducido 50% en comparación con 2018.
En el apartado "Epílogo: Visión de 2024", del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se considera que al final del sexenio "México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos".
Para entonces, describe el Presidente, la delincuencia organizada estará reducida y en retirada, "los jóvenes no se verán empujados a las conductas antisociales y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos integrantes que hoy representa la exclusión de los muchachos del estudio y el trabajo".
En el documento se advierte que "la única posibilidad real para reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las [drogas] que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas". Señala que el modelo prohibicionista impulsado por gobiernos anteriores es insostenible, muestra de ello es la violencia y los malos resultados de salud pública del país.
Se plantea que esta estrategia sobre drogas deberá realizarse de manera negociada, tanto con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.
"La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica", señala el texto.
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