Se crea la Carta de Derechos Fundamentales de las y los Coahuilenses.
| Fecha | 11 Diciembre 2018 |
| Autor de la iniciativa | Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática. |
Congreso del Estado Independiente,
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza
“2018, Año del Centenario de la Constitución de Coahuila”
Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se crea la Carta de Derechos Fundamentales de las y los Coahuilenses.
Planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de Lectura de la Iniciativa: 11 de Diciembre de 2018.
Turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Fecha del Dictamen:
Decreto No.
Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS Y LOS COAHUILENSES PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DERECHOS FUNDAMENTALES.
H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa por la se crea la Carta de Derechos Fundamentales de las y los Coahuilenses, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México el debate sobre los derechos fundamentales ha adquirido mayor relevancia a raíz de la reforma a la Constitución Política Federal del junio de 2011. El hecho no era para menos, ya que para ser un país que reconoce más de doscientos tratados internacionales en materia de derechos humanos, nos ubicamos como uno de los estados que más los violenta y que más regatea sus obligaciones constitucionales de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.
En nuestro país, la lucha por los derechos humanos no ha sido sencilla, el enfrentamiento directo entre los excluidos y los privilegiados se ha dejado notar en diferentes etapas históricas, las cuales han transformado profundamente nuestro andamiaje constitucional y legal.
Entre 1810 y 1821 nuestra nación inició una lucha armada en contra de las élites gobernantes españolas, la cual, finalizó con la independencia y con la promulgación de la primera constitución como país soberano en 1824. Esta constitución no estableció un catálogo de derechos fundamentales como tal, pero sí reconoció algunos derechos procesales tales como la prohibición de la detención sin pruebas o indicios, la prohibición de registros en casas o papeles sin causas legales y la prohibición de la auto incriminación. La idea, en este primer documento normativo, era blindar a los nuevos ciudadanos mexicanos de las viejas prácticas oscurantistas de la inquisición, que se habían arraigado fuertemente durante el virreinato.
Durante todo el siglo XIX, México vivió una etapa de fuerte inestabilidad política entre dos ideologías que se disputaban el poder: los liberales y conservadores. Ambos grupos sumieron al país en cruentas guerras a raíz de la promulgación de la constitución de 1857, la cual había afectado los intereses de los grupos poderosos de aquella época como el clero y el ejército.
La constitución de 1857, inspirada en la revolución francesa de 1789, fue la primera en establecer una serie de derechos estructurados en forma de catálogo. En su primer artículo la constitución sostenía:
“El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”
Si bien este documento normativo reguló al estado mexicano por sesenta años, la mitad de ellos fue bajo la dictadura de Porfirio Díaz; este personaje concentró sobre sí el poder y redujo la constitución a una mera carta de buenas intenciones, condición que, en 1910, obligó a los marginados y desposeídos a movilizarse nuevamente para luchar por sus derechos y reducir los privilegios de los acaudalados. La constitución de 1917 será así un instrumento de carácter social que buscaba integrar a los obreros y los campesinos, en otras palabras, visibilizar a los invisibles.
Desgraciadamente, la Constitución de 1917, no pudo contener las ambiciones de los poderosos, quienes “Institucionalizaron la Revolución” y la corporativizaron. Durante setenta años, un mismo partido con diferentes nombres gobernó a sus anchas y sin contrapesos efectivos que pudieran limitar su poder. Cualquier oposición al régimen fue comprada, cooptada o reprimida.
En los años más autoritarios del siglo pasado los movimientos sociales fueron duramente reprimidos; a finales de los años cincuenta los ferrocarrileros, a mitad de los años sesenta los médicos y a finales de la misma década los estudiantes, situación que tuvo su peor episodio con la matanza de los estudiantes de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Los derechos humanos otra vez volvieron a ser un simple listado de expectativas que se cumplían a momentos, siempre y cuando los gobernantes quisieran.
En el año 2000, México volvía a confiar en las instituciones y esperaba ansiosamente un cambio, cansados del autoritarismo, los mexicanos salimos a votar por un “cambio”, confiando en que la alternancia partidista traería como consecuencia una serie de controles sobre el poder. Y en efecto, México dejó de ser un país presidencialista, mejoró la libertad de expresión y los derechos humanos tuvieron algunos avances.
No obstante, la integración de la clase política y económica en una sola amalgama de complicidad terminó por convertir a nuestro país en uno de los más desiguales del mundo y culminó con la imposición de un presidente “espurio”, quien, deslegitimado ante la sociedad, implantó una política de militarización del país, la cual, convirtió a nuestra nación en una gran fosa común con miles de muertos y desaparecidos.
La reforma constitucional de 2011 y una nueva alternancia en 2012, reconfiguraron las instituciones del país, se hicieron reformas importantes a la Constitución que prometían convertir a México en una potencia mundial; el saldo es por todos conocidos, la violencia se incrementó, la economía empeoró y la corrupción rampante llegó a límites insostenibles y absurdos, beneficiando a los privilegiados y marginando aún más a los excluidos.
No es que no hayan existido avances en derechos humanos en esos años, sin duda los hubo, pero gracias a la gestión de los grupos organizados que desde las bases nunca han quitado el dedo del reglón y para los cuales, el gobierno y las instituciones mexicanas no han sido precisamente los mejores aliados, entorpeciendo y limitando en ciertas ocasiones su labor.
En los albores de 2018, un nuevo cambio se avecina, el pueblo mexicano ha tomado su papel protagónico en la historia y por primera vez ha elegido a la izquierda en un proceso electoral verdaderamente competitivo, la democracia está madurando y los grupos sociales cada vez están influyendo más en la resistencia y control del poder, así como en la colaboración y promoción de los derechos humanos con el mismo.
Al finalizar la segunda década del siglo XXI nuestro país está cambiando, aunque la lucha entre los excluidos y los privilegiados sigue, ya no sólo hablamos de los obreros y campesinos en contra de los capitalistas y terratenientes. En México hay una explosión de movimientos sociales variados que buscan revindicar sus derechos, los grupos ambientalistas, los de la diversidad sexual, las feministas, los pueblos y comunidades indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las familias de personas desaparecidas y las minorías étnicas y religiosas, entre muchos otros están cada vez más organizadas y conscientes de que tienen derechos y que deben asumirlos y protegerlos como tal.
El siglo XXI se ha convertido en el siglo de la pluralidad y de la diversidad y no por que no existieran antes, sino por que ahora se hacen cada vez más visibles en el espacio público. Poco a poco la sociedad va cambiando y estos cambios deben ser registrados en las normas que rigen la vida social.
De ahí, ha surgido la necesidad de implementar normas jurídicas que reconozcan y garanticen los derechos de todas y todos privilegiando siempre la justicia social, la igualdad, la seguridad jurídica y la solidaridad entre las personas, pues sólo de esa forma podremos alcanzar un Estado más libre y democrático.
En ese sentido, podemos notar que nuestra entidad federativa cuenta con una constitución que data del año de 1918, en ella el capítulo II se titula “Derechos Humanos y garantías” pero éste, es una adición realizada en junio de 2012 y no estructuró un catálogo completo de derechos, sino que más bien los remitió con una cláusula general que hace referencia a los derechos reconocidos por el bloque de constitucionalidad mexicano.
Así mismo, el artículo 7º párrafo siete de la Constitución Política Local, establece en las cartas derechos humanos, una figura jurídica que nunca antes se ha utilizado en nuestra entidad. Esta implica la posibilidad de que existan documentos de carácter constitucional, que...
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