Coordinar y cooperar
| Autor | Samuel González y Ernesto Mendieta |
En México la seguridad pública es, ha sido y será un problema de naturaleza estatal y municipal; la influencia que la Federación representa "solamente", si se considera la incidencia delictiva, el número de sentencias dictadas, la infraestructura o el número de elementos de policía, menos del 15 por ciento. De los poco más de 350 mil elementos, menos de 12 mil son policías federales. Sin embargo, el efecto de la delincuencia organizada, competencia federal, particularmente el narcotráfico, el narcomenudeo, el tráfico de armas, de seres humanos y la violencia, corrupción e infiltración en el Estado, implican un problema tan grave que pone en entredicho la viabilidad misma del Estado.
En los pasados tres años se cambió la prioridad de alcanzar los objetivos nacionales a eliminar a los contendientes políticos, lo que produce, en cualquier circunstancia, una espiral de violencia que hoy no está siendo controlada. La violencia generalizada está originada en la percepción de los grupos de delincuencia organizada, de que existe un gobierno débil que no es capaz de enfrentarlos de manera decidida y efectiva. Esta percepción se confirma todos los días con la impunidad prevaleciente en todo el país respecto de todos los delitos y en particular de homicidios violentos, corrupción e infiltración en las agencias de seguridad.
Hacia un pacto político
Nada de ello podrá cambiarse si no se genera un Pacto nacional por la justicia y la seguridad pública y contra la delincuencia organizada de todas las fuerzas políticas. Eso implica llevar la materia a los elementos que componen la reforma del Estado que resulta inaplazable.
El pacto deberá basarse en un cambio de conducta de los actores políticos hacia el futuro, atacando la corrupción, la infiltración en el Estado, y otros procesos como los que mencionan las 100 acciones que presenta Felipe Calderón. Para hacer operativo el pacto tiene que entenderse que el sistema nacional de seguridad pública está compuesto por diversos niveles de gobierno, acciones, instituciones e instancias, las que deben coordinarse y cooperar entre sí para alcanzar, con la máxima expresión de federalismo, los objetivos de justicia y seguridad pública en el marco del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos.
La visión sistémica implica considerar que la reducción de la pobreza, la creación de empleo, el fomento a la calidad de la educación pública, son elementos de la mayor importancia que ayudarán a la prevención de...
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