Coordenadas / Los dilemas del IPAB al vender Aeroméxico

AutorEnrique Quintana

Si usted piensa que se elegirá la mejor propuesta empresarial para la venta de Aeroméxico, pues no, no necesariamente será así.

El proceso de venta de Aeroméxico tiene un mandato claramente definido: maximizar los recursos que el Estado puede obtener por la empresa.

Le recordamos brevemente la razón.

Las acciones de Aeroméxico son propiedad en 45.37 por ciento del IPAB; en 10.16 por ciento de la Secretaría de Hacienda; y en 6.47 por ciento de Nafin, con lo que el Gobierno tiene el control pleno.

Estos activos se los heredó al IPAB el Fobaproa y llegaron a éste porque tras la quiebra de la empresa que comandaba Gerardo de Prevoisin, Aerovías de México, los bancos se quedaron con las acciones.

Luego, tras la crisis bancaria de 1994-95, los bancos le trasladaron estos activos al Fobaproa sea porque limpiaron su balance o porque los bancos también virtualmente quebraron.

Ahora, es el IPAB el que tiene la palabra.

Pero resulta que el presidente de Junta de Gobierno es el Secretario de Hacienda. Además, están Guillermo Ortiz, Guillermo Babatz, Carlos Isoard, Ernesto Zamarripa, Jorge Familiar y Jorge Chávez Presa.

Sin embargo, al final de cuentas la decisión de la venta va a provenir fundamentalmente de Agustín Carstens.

Pero la decisión que tome estará acotada por lo fijado por el artículo 61 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dice: "El Instituto deberá administrar y enajenar los bienes con el fin de obtener el máximo valor de recuperación posible".

En ninguna parte de la ley se establece que los bienes en poder del IPAB deban ser entregados a quien proponga el mejor proyecto, el mejor aprovechamiento para la sociedad o cualquier otra consideración.

El único criterio que fija la ley que rige las decisiones del IPAB es el que dice: "sáquenle el mayor provecho económico posible a la venta".

La llamada "venta del año" llegó ya a su recta final y en las oficinas del Secretario Carstens se van a enfrentar a varios dilemas.

El primero es el riesgo de un empantanamiento, en caso de que pueda prosperar algún recurso legal por parte del grupo de accionistas que encabeza Gastón Azcárraga, que fue excluido del proceso por la Comisión Federal de Competencia Económica.

Algunos piensan que no hay posibilidad de que se vaya más allá de la demanda de reconsideración en la Comisión Federal de Competencia (CFC) porque la propia oferta que hicieron a los accionistas de Aeroméxico decía expresamente que estaba sujeta a la autorización de la CFC. Pero...

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