Convocan a construir Estado protector de derechos
| Autor | Sonia del Valle |
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un conjunto de 32 recomendaciones al Gobierno mexicano.
Apeló a su capacidad de convocatoria y concertación con los poderes Legislativo y Judicial, con los organismos autónomos y con las autoridades de las entidades federativas, para evolucionar hacia un Estado democrático respetuoso de las garantían individuales.
"Un Estado democrático de derecho, no es un Estado de leyes, sino uno que se somete a sí mismos al imperio de la ley, y ésta a su vez al orden constitucional, donde el respeto a la dignidad humana sea un principio y una práctica generalizada, y en el que no sólo se impongan la legalidad y la seguridad jurídica, sino también la justicia social y la equidad económica", señaló en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México.
El documento incluye recomendaciones de alcance general y sobre los siguientes temas: sistema de justicia, seguridad pública, derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos y sociales y derechos políticos.
Entre las de alcance general se encuentra la de reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como su eje fundamental y reconocer a los tratados en la materia una jerarquía superior a los ordenes normativos federal y locales.
Se propone que el Ejecutivo promueva iniciativas para reglamentar todos los derechos humanos; incorporar en los procedimientos constitucionales de designación de servidores públicos de alto nivel de los poderes y de los órganos autónomos, mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad aportar juicios respecto de la idoneidad de las personas.
Para dar respuesta a casos de violaciones graves de derechos humanos, como en Ciudad Juárez, se propone desarrollar mecanismos subsidiarios de intervención de los poderes federales en las entidades federativas.
Para que las comisiones de derechos humanos cumplan de manera eficaz y eficiente con la función de defensores de la sociedad, se plantea dotarlas de autonomía plena, ampliar sus atribuciones a los ámbitos laboral, electoral y administrativos del ámbito jurisdiccional.
Se propone impulsar una profunda transformación del sistema de justicia, que deberá comprender el reconocimiento del derecho de las víctimas. En seguridad pública la recomendación es mantener separadas las funciones de las policías preventivas y las que realizan tareas de investigación de...
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