Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación
| Fecha de disposición | 26 Junio 2007 |
| Fecha de publicación | 26 Junio 2007 |
| Emisor | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| Sección | PRIMERA. Poder Ejecutivo |
CONVENIO de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.- XVIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS PROCURADURIAS GENERALES DE JUSTICIA DE LOS TREINTA Y UN ESTADOS INTEGRANTES DE LA FEDERACION, EN ADELANTE LAS PARTES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I. Mediante Convenio de colaboración suscrito en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de septiembre de 1993 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre del mismo año, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, se comprometieron a instrumentar acciones con la finalidad de colaborar recíprocamente, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en la modernización, agilización y optimización de la lucha contra la delincuencia.
II. El Convenio precitado tuvo como fundamento el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma hasta entonces fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, por virtud de la cual se modificó la colaboración entre las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados integrantes de la Federación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República, a fin de establecer la obligación de estas instituciones para entregar indiciados, procesados o sentenciados, así como practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, mediante requerimiento de las autoridades de otras entidades federativas, todo ello sujeto precisamente a los términos de los convenios de colaboración que para tal efecto celebren las instituciones de procuración de justicia.
III. Desde su celebración, el Convenio de Mazatlán de 1993 demostró ser un valioso instrumento de colaboración entre las autoridades a cargo de la investigación y persecución de los delitos, tanto de la Federación como de las entidades federativas; sin embargo, el marco constitucional y legal en que fue sustentado sufrió reformas sustanciales.
IV. En efecto, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, fue reformado el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, quienes deberán coordinarse en los términos que señale la ley, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública; además se establecieron los principios de actuación de las instituciones policiales.
V. Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 3o. dispone que la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y que estos fines deberán ser alcanzados mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos.
VI. De conformidad con el artículo 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el conocimiento de las distintas materias de coordinación a que se refiere la ley, el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con diversas instancias, entre ellas, la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia; misma agrupación que como se refiere en la iniciativa de ley en comento ya existía bajo la denominación de Conferencia Nacional de Procuradores de México desde 1993, en la que se diseñaban políticas, estrategias y acciones de cooperación mutua, que redituaba buenos resultados.
VII. Desde abril de 1996, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha registrado hasta la fecha diecisiete sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las cuales se han adoptado diversos acuerdos en materias tales como prevención, profesionalización, secuestros, vehículos robados, derechos humanos, combate a la corrupción, robo y tráfico de menores, fraudes financieros, intercambio de información, mecanismos para la medición de incidencia de denuncias de hechos posiblemente delictivos presentadas ante el Ministerio Público, servicios periciales y delitos de propiedad industrial e intelectual, entre otras, con el fin de modernizar y optimizar la actuación de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos.
VIII. Dado el nuevo marco constitucional y legal que rige la colaboración en materia de procuración de justicia y seguridad pública entre la Federación, el Distrito Federal y los Estados de la República, específicamente los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 4, 9, 10, 11 y 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue preciso renovar los instrumentos jurídicos celebrados entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de la República, con objeto de modernizarlos y adecuarlos a las circunstancias y exigencias sociales actuales.
IX. Para tal efecto, las Procuradurías del país, suscribieron un Convenio de colaboración en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el 27 de abril de 2001, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo del mismo año. Dicho instrumento ha resultado ser un importante mecanismo de colaboración entre LAS PARTES, tanto para el intercambio de información, como para el debido cumplimiento de los mandamientos ministeriales y judiciales; sin embargo, requiere diversas actualizaciones a fin de cumplir con su objetivo de ser el instrumento base de coordinación que permita diseñar y ejecutar estrategias y esfuerzos institucionales conjuntos en la lucha contra la delincuencia.
Expuesto lo anterior, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:
DECLARACIONES
I. Que la Procuraduría General de la República es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les atribuyen los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.
II. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 fracciones I y IX, 6 fracciones IX y X, y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar el presente Convenio.
III. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 81 del Código de Justicia Militar, y 6o. y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia Militar es el órgano encargado de la investigación y persecución del delito contra la disciplina militar, y se encuentra facultada para la celebración del presente Convenio.
IV. Que de conformidad con el artículo 122, Base Quinta, apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización, competencia y funcionamiento del Ministerio Público en el Distrito Federal, presidido por el Procurador General de Justicia, se regula por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
V. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 fracción V del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de los artículos 2o. fracciones VI y X, y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dicha Institución está facultada para celebrar el presente Convenio.
VI. Que las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación se encuentran debidamente facultadas para la celebración del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por las Constituciones Políticas de cada Estado y sus respectivas leyes orgánicas, contando en el caso que legalmente se requiere con la autorización del gobierno del Estado respectivo.
VII. Que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, con objeto de modernizar y optimizar los mecanismos de colaboración en materia de procuración de justicia y adecuarlos a las nuevas disposiciones constitucionales y legales aplicables, a fin de lograr que el combate a la delincuencia sea más eficiente y eficaz y que satisfaga de manera oportuna las exigencias actuales de la sociedad, han decidido celebrar el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
OBJETO.
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de colaboración recíproca entre LAS PARTES, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como establecer las bases de coordinación para adoptar una política...
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