Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las acciones de procuración de justicia, celebrado entre el Estado de Michoacán de Ocampo y la Procuraduría General de la República
| Fecha de disposición | 23 Septiembre 2002 |
| Fecha de publicación | 23 Septiembre 2002 |
| Emisor | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| Sección | PRIMERA. Poder Ejecutivo |
CONVENIO General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las acciones de procuración de justicia, celebrado entre el Estado de Michoacán de Ocampo y la Procuraduría General de la República.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.
CONVENIO GENERAL DE COORDINACION Y COLABORACION PARA HACER MAS EFICIENTES LAS ACCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA ENTIDAD FEDERATIVA REPRESENTADA POR SU GOBERNADOR EL ANTROPOLOGO LAZARO CARDENAS BATEL, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO MAESTRO LEONEL GODOY RANGEL Y LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO LICENCIADA MARIA LUCILA ARTEAGA GARIBAY, Y POR LA OTRA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA PROCURADURIA REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LICENCIADO M. RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
ANTECEDENTES
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Que la procuración de justicia es tarea fundamental del gobierno, llevada a cabo con la finalidad de mantener el Estado de Derecho y las libertades de la sociedad, cuyo anhelo primordial es el respeto a sus derechos fundamentales, la salvaguarda de su integridad y su patrimonio.
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Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 21 y 102 apartado A, párrafo segundo, prevé que corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de conductas ilícitas y el ejercicio de la acción penal, así como la obligada representación social de las víctimas u ofendidos por el delito.
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Que de igual forma, es función de la autoridad ministerial promover la pronta, expedita y adecuada procuración de justicia, constituyendo tal aspiración la misión fundamental de las instancias de procuración de justicia en el país, bajo la voluntad constante de mantener el Estado de Derecho y el pleno respeto a los derechos fundamentales.
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Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vinculada estrechamente con la procuración de justicia, indica en los artículos 3o., 4o., 10, 11 y 13 que las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas en la citada ley, tienden al cumplimiento de objetivos, tales como los de una adecuada administración y procuración de justicia y que las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios, con base en los acuerdos y resoluciones que se asuman en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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Que la Ley de Planeación establece en sus numerales 33 y 34 los mecanismos para el diseño de esquemas de coordinación entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, para determinar y alcanzar los objetivos y metas que en común acuerden.
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Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en concordancia con el sistema de planeación democrática, establece en el área de orden y respeto, como objetivo rector 8, el de garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos , con el cumplimiento real de las funciones y la organización eficiente de la Institución del Ministerio Público, bajo un nuevo modelo de administración pública de elevada eficacia jurídica, que privilegie el uso pertinente de la investigación científica, aplicada a las tradicionales y aun a las más recientes formas de actividad delictiva. Asimismo, se proyecta combatir los delitos en el ámbito federal, en especial los vinculados con el tráfico ilícito de drogas y delincuencia organizada, mediante la aplicación de estrategias especializadas para investigar, perseguir y consignarlos eficazmente, basados en altos estándares de prueba y efectividad consignataria, así como mediante el desarrollo de estrategias de acopio, procesamiento, análisis e intercambio a nivel nacional e internacional de información, para la adecuada toma de decisiones e instrumentación de acciones ministeriales...
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