Contrapuntos / Pacto de civilidad
| Autor | Laura Medellín Mendoza y Carlos Alberto Piña Loredo |
Blindaje electoral
Laura Medellín Mendoza
El llamado a firmar un Acuerdo Democrático para la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad entre los partidos políticos contendiendo en la carrera presidencial revela el subdesarrollo democrático que pervive en el ambiente.
Durante la mayor parte de la década de los 90, el PAN y el PRD jugaron un papel de interlocución clave para los cambios en la legislación electoral. Se enfrentaron a condiciones inequitativas en la competencia por el poder (el primero con mayor experiencia histórica que el segundo) y dieron una batalla importante para lograr condiciones de mayor competitividad.
Puede recordarse el Pacto de Civilidad Política de 1993 convocado por Salinas de Gortari o el Acuerdo para la Paz, la Democracia y la Justicia, convocado por la Segob en 1994 para comprometer a los partidos a mantener la estabilidad política en el proceso de votación.
El régimen político autoritario no podía envolverse otra vez en el desbordamiento político de 1988, que causó un problema de gobernabilidad estructural. Pero eran otros tiempos: entonces se necesitaba demostrar que la vía electoral era el único camino legítimo y seguro para la resolución de los disensos, cuando la movilización poselectoral de ambos partidos evidenciaba las prácticas violatorias a la equidad.
Con el tiempo, la legitimidad electoral se construyó gradualmente hasta dar paso a la creación del IFE. No obstante, se reconoce que han quedado temas pendientes en la agenda de la reforma político-electoral, por ejemplo, el otorgamiento de mayores controles fiscalizadores a la autoridad electoral para vigilar los recursos de los partidos y una reglamentación de sus precampañas internas.
Para esto sigue haciendo falta una reforma institucional más exigente que otorgue las condiciones de equidad en la competencia política. Pero no se puede negar la legitimidad que tiene la estructura electoral federal para garantizar un proceso comicial apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Sin embargo, es en la estructura electoral federal, en la cual se soporta el Consejo General, donde existe una carta de navegación del quehacer institucional realizado por integrantes del servicio profesional electoral para el aseguramiento de los derechos político-electorales, principalmente en la integración calificada del Registro Federal de Electores (avalado por la ONU) y de las mesas directivas de casilla, con el fin de velar...
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