Contamina a Ejército combate al narco
| Autor | Abel Barajas |
El precio que ha tenido que asumir el Ejército desde que el Gobierno federal decidió colocar a los militares en el combate al narcotráfico, en 1997, se resume en el encarcelamiento o la investigación de alrededor de 100 efectivos de todos los rangos, como sospechosos de complicidad con los cárteles de la droga.
De acuerdo con expedientes penales y un recuento de información oficial, entre ellos están siete generales -5 de ellos purgan sentencias-, 17 tenientes, 14 sargentos, 11 subtenientes, 13 capitanes, 6 mayores, 2 coroneles, 2 tenientes coroneles, 3 cabos y otros 20 elementos, cuyo grado no se ha informado.
En tan solo seis años de perseguir al crimen organizado, decenas de militares han corrido la misma suerte que tuvieron en el pasado comandantes y agentes de la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal, comisionados a esa tarea en distintas épocas.
La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada ha otorgado el beneficio de testigo protegido a 17 militares que han colaborado con la autoridad para no ser llevados a la cárcel y acusar a oficiales de alto rango.
De las filas militares ya han surgido narcotraficantes, como Alcides Ramón Magaña, "El Metro", subteniente desertor, quien primero fue escolta de Amado Carrillo, capo del Cártel de Juárez, y después pasó a controlar el tráfico de cocaína en la península de Yucatán.
En el mismo periodo, al menos 42 oficiales han sido acusados de proteger a las distintas bandas organizadas; otros 7 militares, comisionados en dependencias federales o corporaciones estatales, también han sido detenidos.
Ninguna de las áreas antinarcóticos del Ejército se ha salvado. Lo mismo han sido encarcelados ex jefes de Inteligencia, como el capitán Horacio Montenegro, que miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE, grupo de élite), como el mayor Florentino Morato.
No ha habido excepción, ni en los órganos de transmisiones, ni en la Policía Judicial Militar, Regimientos de Caballería, Fuerza Aérea, Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), Batallones de Infantería dedicados a la destrucción de cultivos, ni delegados de la PGR.
Decenas de elementos han dejado el uniforme para enrolarse al tráfico de drogas. Al grupo de Joaquín "El Chapo" Guzmán le han sido identificados al menos cinco desertores a su servicio; al de Osiel Cárdenas, siete efectivos -cinco de ellos del GAFE-, y a los Carrillo Fuentes se les conocen al menos tres de importancia.
Este ha sido uno de los costos que han debido pagar las Fuerzas Armadas por sus éxitos obtenidos en los últimos seis años, entre ellos la captura de buena parte de los capos más importantes del crimen organizado en México.
La eficiencia y la corrupción han sido las dos caras de la misma moneda.
En el presente sexenio, el Ejército se vio obligado a desaparecer un batallón de 500 efectivos, y el Secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García, tuvo que admitir públicamente que 40 de ellos eran toxicómanos.
En medio del escándalo, se dijo que todos protegían a productores de mariguana, aunque al final sólo cuatro se quedaron en la cárcel y un general fue revocado del mando.
Una vez en prisión, son pocos los que ganan sus litigios y se reinsertan sin contratiempos en el activo. Las cifras obtenidas indican que sólo 10 por ciento sale absuelto de los cargos de narcotráfico, y su libertad la consiguen por fallos de la justicia federal, no de la castrense.
Entre esas excepciones está el actual director del Servicio Militar Nacional, General de Brigada Antonio Ramón Mimendi, quien fue encarcelado en mayo de 1997 por la desaparición de 476 kilos de cocaína en Sonora.
También el General Brigadier José Félix Name Rodríguez, quien en marzo de 1997 fue llevado a prisión, porque dejó salir de la PGR al presunto capo Humberto García Abrego. Name hoy es Magistrado del Supremo Tribunal Militar.
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba