Colaborador Invitado / Salvador O. Nava Gomar: El día después

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Parece que no hay ciudadano contento con el proceso electoral. Cómo estarlo tras más de 37 millones de spots pautados en radio y TV; la guerra sin tregua de acusaciones recíprocas entre partidos (que bien podrían cambiarse entre candidatos al azar y no marcarían mayor diferencia); la violencia con amenazas de más violencia; la saturación del espacio público con el absurdo amontonamiento de pendones, mantas y pintas con nombres, fotos, logos y frases que se antojan huecas de tanta repetición; la situación del país, su crisis de legitimidad, la falta de confianza, el hartazgo de lo público que corre en paralelo con el desconocimiento de las dinámicas estatales y de la dificultad de las autoridades para comunicar lo que se hace y sus razones; la falta de flujo y la desigualdad económica que parecen un insulto frente a los más de 21 mil millones de pesos que costó este proceso federal (partidos políticos nacionales, INE, TEPJF y FEPADE), a lo que hay que sumar el gasto de los procesos locales. En conjunto compitieron diez partidos nacionales, más los candidatos independientes y partidos locales; cerca de 22 mil candidatos para 2 mil 179 cargos de elección popular, todo bajo las reglas de una normativa electoral de las más sofisticadas del mundo que exige además una visión integral de las complejidades políticas y sociales del país.

Más datos antes de explicar lo que viene a partir de hoy: en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvimos aproximadamente 17,000 juicios y recursos; emitimos 57 opiniones en acciones de inconstitucionalidad y resolvimos numerosas impugnaciones sobre los nuevos reglamentos del INE, la integración de tribunales y organismos públicos electorales locales; omisiones legislativas sobre candidaturas independientes; procesos internos y conformaciones de listas de candidaturas de partidos políticos; aplicación efectiva del principio de paridad de género; impugnaciones relacionadas con la propaganda y los alcances de la libertad de expresión en el debate político; la fiscalización de gastos de precampañas, entre un sinnúmero más de...

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