Colaborador Invitado / Salvador Benítez: Impunidad asegurada

AutorColaborador Invitado

Aunque nos duela reconocerlo, México es un país con políticos ricos y de política pobre; hoy la corrupción y su causa, la impunidad, son ya intolerables. Sencillamente debemos combatirlas con medidas efectivas.

Hace algunos meses escribí en estas páginas sobre el posible avance institucional en México, pues a inicios del 2014 se publicó la reforma constitucional que creará la figura del Fiscal General de la Nación como organismo pretendidamente autónomo, eso sí, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Como muchos mexicanos, confié en la buena intención del Presidente y del Pacto por México. Confié también en el buen trabajo del Congreso de la Unión.

Por algunos meses creí, como muchos, que finalmente se eliminaría el conflicto de intereses entre el Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República mediante esta nueva figura.

Reconozco que en un principio me ganó el entusiasmo y no leí cuidadosamente el decreto; como muchos mexicanos lo di por bueno.

Recientemente me aboqué a la tarea de analizar con detenimiento esta reforma.

Hoy mi conclusión es que el nuevo Artículo 102 de la Constitución (aún no vigente) y su transitorio resultaron ser una nueva burla para los mexicanos.

Aun cuando este tema pudiera ser muy técnico -y seguramente la gran mayoría de los mexicanos no lo ha visto por su complejidad legal- estimo de gran trascendencia para la vida política y social del País que todos conozcamos la forma en que el Congreso le regaló impunidad al Presidente y su Gabinete, por cuando menos los próximos nueve años.

Trataré de explicarme de la forma más coloquial posible.

En primer lugar, en ausencia del Fiscal General, se le otorga al Senado un plazo de 20 días para que integre una lista de 10 candidatos al cargo; si el Senado no lo hace, el Presidente será quien integre una terna y la envíe al Senado.

Las dos hipótesis son:

  1. La lista de candidatos la presenta el Senado y el Presidente escoge una terna.

  2. O a falta de dicha lista, la terna es enviada por el Presidente al Senado.

La primera argucia consiste en que si el Senado envía 10 candidatos, éstos seguramente serán negociados por los tres principales partidos políticos de México y muy probablemente cada partido propondrá cuando menos a tres.

Al llegar los 10 candidatos a la Presidencia, ya estará negociada la terna que el partido del Presidente en turno haya acordado, asegurando un Fiscal leal a sus intereses o del partido en el poder.

Si por alguna razón el Senado no...

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