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Colaborador Invitado / Lucrecia Santibáñez: Hacer las cosas bien

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Vincent
AutorColaborador Invitado

La recién aprobada Ley General del Servicio Profesional Docente tiene dos aciertos importantes. El primero, y que ha recibido poca atención, es que permite que todas las personas que cumplan con el perfil concursen por una plaza docente. Aunque esta disposición tardará dos años en entrar en vigor, significará que un alumno de la UNAM o el Tec de Monterrey o la UAM puede, si quiere, ser maestro en una escuela primaria o secundaria pública. Abrir el concurso de ingreso a la docencia a todas las instituciones de educación superior elimina efectivamente el monopolio de las normales sobre la obtención de plazas docentes y las pone a competir. ¿Qué pasaría si en el concurso de oposición ninguno de sus egresados gana una plaza? Los primeros en exigir mejoras en su formación serían los propios alumnos. Al eliminar la preferencia dada a los egresados de normales, la LGSPD da el primer paso para que cada escuela normal enfrente el reto de mejorar o quedarse sin alumnos. Bienvenidas, normales, al mundo real.

El segundo acierto de la LGSPD es que todos los maestros tendrán que evaluarse regularmente (bienvenidos, Oaxaca y Michoacán, al mundo real). En este punto las consecuencias de la reforma son menos evidentes; se puede terminar ganando la batalla, pero perdiendo la guerra, como fue el caso de la descentralización educativa. La recién propuesta eliminación del Ramo 33 parece reconocer el fracaso de la descentralización como mecanismo para hacer más eficiente el gasto educativo. En ese entonces se privilegió la coyuntura política, que permitió lograr el acuerdo, por encima de consideraciones de orden práctico como por ejemplo, si los estados contaban con las condiciones y mecanismos para instrumentar la reforma de manera adecuada.

En el caso de la LGSPD, la tan aplaudida recalibración de las relaciones entre autoridad educativa y magisterio se sostiene sobre una única columna: la evaluación docente. Este es el primer riesgo.

El segundo riesgo es que el reto de la evaluación docente recae casi completamente sobre el INEE. El problema no es el INEE per se. Tanto los integrantes de la Junta de Gobierno como una buena parte de su personal son personas de alta...

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