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Colaborador Invitado / Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés: Retroceso Regulatorio

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Vincent
AutorColaborador Invitado

Todo parece indicar que está en marcha un nuevo esfuerzo por centralizar y burocratizar aún más las decisiones dentro de la Secretaría de Salud y quitarle peso a instancias técnicas independientes que juegan un papel crítico en la operación no sólo de los servicios de salud sino también de la economía del país. Las autoridades federales de salud parecen tener la intención de reubicar y compactar la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Consejo de Salubridad General (CSG), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Estas medidas representan un nuevo salto al pasado y contradicen la aspiración expresada por el presidente López Obrador al principio de su gobierno en el sentido de desarrollar en México un sistema de salud como los de Canadá, el Reino Unido y los países escandinavos. En todos estos países, sin excepción, las actividades regulatorias en materia de salud están en manos de agencias técnicas autónomas y profesionalizadas.

Ninguna de las medidas contempladas tiene un sustento racional, pero los mayores peligros son la reubicación del CSG en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la transformación de la COFEPRIS en una Dirección General de Regulación que se ubicaría en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

El CSG es un órgano con poderes cuasi-legislativos, de allí su lugar dentro del artículo 72 de la Constitución, que habla de las facultades del Congreso. Su función principal es coordinar las acciones del gobierno en casos de amenazas críticas a la salud de la población. La intención del Constituyente con su creación fue proteger los derechos individuales y garantizar, a la vez, una acción eficiente en situaciones de crisis sanitarias. Si se dejaban las decisiones únicamente en manos del Ejecutivo, se corría el riesgo de que éste abusara de las crisis para suspender arbitrariamente las garantías individuales. Si se dejaban únicamente en manos del Congreso se corría el riesgo de que la acción fuera tardía. Fue así como se creó este órgano intermedio que tiene la facultad de limitar temporalmente las garantías individuales ante una emergencia sanitaria. Su incorporación a la Secretaría de Salud romperá este delicado equilibrio en favor del Ejecutivo -que es muy posiblemente la intención de la actual administración- y debilitará la toma de decisiones colegiadas que caracteriza al Consejo, tan útil no...

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