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Colaborador Invitado / Daniel Wilkinson: Ejecuciones extrajudiciales

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Vincent
AutorColaborador Invitado

El organismo nacional encargado de promover la transparencia en México debe cumplir con su misión y dejar de impedir que los medios de comunicación accedan a información sobre ejecuciones cometidas por policías en Michoacán.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) denegó recientemente un pedido formulado por la agencia de noticias Associated Press (AP) para acceder a datos oficiales sobre un incidente ocurrido en mayo de 2015, durante el cual 42 personas fueron abatidas por policías federales en un rancho en Tanhuato que, según afirmaron las autoridades, había sido ocupado ilegalmente por una banda criminal.

En agosto, AP pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que proporcionara "copias de las necropsias", "los peritajes de balística", "y los peritajes y reportes del levantamiento de cadáveres y armas en el lugar". Teniendo en cuenta los paupérrimos antecedentes de investigación de casos de abusos policiales en México, el pedido de AP constituye un intento crucial por conocer la verdad de lo sucedido.

Al menos algunas de las muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales. Según un informe oficial que describe la evidencia forense recogida por la Procuraduría General de Justicia del Estado -al que tuvo acceso un periodista- y la información que dieron varios testigos a un investigador de derechos humanos, miembros de la policía, luego de una confrontación inicial, efectuaron disparos mortales contra personas que estaban huyendo del lugar, no llevaban armas o ya habían sido detenidas. A pesar de la desproporción en el número de víctimas fatales, que fue de 42 civiles y un policía, la policía insistió en que todas las muertes se produjeron en el marco de un "enfrentamiento armado".

Cuando AP intentó obtener los archivos sobre el incidente de Tanhuato, la PGR rechazó el pedido. Frente a la negativa, AP apeló la decisión ante el INAI, el cual rechazó la apelación y dispuso la reserva de toda la información solicitada por un plazo de cinco años. El INAI sostiene que la información tiene carácter "reservado" según la ley de transparencia, que...

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