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Colaborador Invitado / Adela Navarro Bello: Oficializar el autoritarismo

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Vincent
AutorColaborador Invitado

Las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitieron el dictamen para la ley secundaria del Artículo 29 de la Constitución Mexicana, que normará la forma para declarar un Estado de Excepción y las garantías individuales que se suspenderán en el País o en lugar determinado, cuando suceda.

De los derechos consignados en los primeros 28 Artículos de la Constitución Mexicana, en la reglamentación propuesta por los diputados, se salvan de suspensión once: Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; a la Vida; a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; al Nombre; Derechos del Niño; a la Nacionalidad y Derechos Políticos.

Por descarte, los derechos suspendidos cuando por razón de invasión, perturbación grave de la paz pública, "o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", se declare un Estado de Excepción son: La igualdad ante la ley de hombres y mujeres, el derecho a una profesión lícita, la libertad de pensamiento y el derecho a la información, la libertad de escribir y publicar, el derecho de petición (manifestación pacífica), de asociación y reunión, poseer un arma en el domicilio, libre tránsito, prisión preventiva, detención por 72 horas.

La iniciativa fue enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Poder Legislativo el 22 de octubre de 2013, y lo faculta para anular las garantías individuales cuando decrete un Estado de Excepción y en un plazo de 48 horas el Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente, lo apruebe.

Es evidente, por las garantías no establecidas como intocables, que la medida está encaminada a la represión social. A evitar manifestaciones sociales, a reprimir la libertad de expresión, a fomentar la opacidad al negar el acceso a la información, a evitar las asociaciones, las organizaciones civiles, a apresar personas, establecer toques de queda y controlar la movilidad social. Todas ellas conductas típicas del autoritarismo.

De hecho, sin una reglamentación específica, el Gobierno de Peña Nieto acciona de manera velada pero contundente, algunos de esos actos de represión. Actualmente se afectan los derechos humanos de muchos...

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