CNDH emite recomendaciones a PGR y Capufe
CIUDAD DE MÉXICO, enero 1 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones a las garantías fundamentales de una víctima de secuestro y sus familiares, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
De acuerdo con la recomendación 67/2016 emitida por la CNDH a los titulares de ambas dependencias, Raúl Cervantes Andrade y Benito Neme Sastré, el organismo encontró evidencias de violaciones a los derechos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y de la existencia de omisiones en la adopción de medidas para resguardar la seguridad de los empleados de Capufe que laboraban en la plaza de cobro del Puente Internacional de Camargo, Tamaulipas (PC-30).
Por ello, solicitó a PGR continuar con las indagatorias correspondientes y a Capufe realizar un diagnóstico de seguridad en todas las plazas de cobro para implementar las medidas que corresponda.
Ello, derivado de la queja presentada por los familiares del administrador de dicha plaza quien el 24 de abril de 2010, mientras se encontraba laborando, fue secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada quienes también se llevaron su vehículo.
Durante un operativo en Nuevo León para rescatar a 10 víctimas de secuestro, el administrador de la plaza de cobro resultó muerto y personal de la Procuraduría General de Justicia de la entidad envío el cuerpo a la fosa común, a pesar de que contaba con la identificación de empleado de Capufe.
Los padres de la víctima presentaron una queja por el envío de su hijo a la fosa común en 2013 y se acreditaron violaciones a los derechos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, por parte de 10 ministerios públicos federales involucrados en la integración de nueve averiguaciones previas por el secuestro y posterior homicidio del trabajador de Capufe.
En abril de 2014, los padres del joven que contaba con 29 años de edad, acudieron a la CNDH para presentar una queja contra la PGR en la que argumentaron que sus investigaciones fueron deficientes, pues a cuatro años de los hechos éstos no habían sido esclarecidos ni se había sancionado a los responsables.
Esto a pesar de que la delegación de la PGR en Tamaulipas fue la primera autoridad en tener conocimiento de lo ocurrido en 2010 y no realizó las diligencias necesarias para buscar y localizar a la víctima.
Además, señalaron que...
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