La Ciudad y el Crimen / La autoridad y la ley (II)
| Autor | Rafael Ruiz Harrell |
La semana pasada intenté responder aquí una pregunta: ¿por qué las autoridades encargadas de vigilar el orden y el cumplimiento de la ley son quienes violan con más frecuencia las garantías individuales?
La afirmación implícita en la pregunta tiene fundamento: todos los organismos de derechos humanos de nuestro país señalan, año con año, que las violaciones más frecuentes, numerosas y graves a tales derechos son cometidas por las policías preventiva y judicial y los agentes del ministerio público, sean locales o federales.
Suele decirse que lo hacen porque ignoran sus deberes legales, pero hay muchas razones para rechazar esta respuesta. Destacan. Entre otras, que los agentes del MP tienen que ser abogados y no hay policía que no haya recibido cuando menos un curso sobre derechos humanos.
El motivo más probable, a juicio de varios estudiosos, es que violan la ley porque creen que de esa manera serán más eficaces en su lucha contra el crimen. A partir de la vieja idea de que el fin justifica los medios, creen que como el fin es noble -abatir la delincuencia-, está justificado transgredir los límites que les impone la ley.
La misma noción da origen a una forma extrema de la violación: promover reformas a las leyes que les parecen estorbosas o débiles, así los cambios propuestos sean injustos o absurdos y contrarien al resto del orden jurídico.
La columna anterior concluía con una nueva pregunta: ¿Son realmente más eficaces al violar los derechos humanos? ¿Consiguen en verdad abatir más el crimen cuando olvidan los límites que les impone la ley?
Eficacia
La pregunta planteada no puede contestarse sin responder primero otra pregunta: ¿y qué tan eficaces son las policías y el MP en la lucha contra el crimen cuando sí obedecen la ley?
Uno de los criminólogos más destacados del mundo, David Bayley, nos da una pista en un ensayo reciente: "La investigación ha mostrado repetidamente -nos dice-, que la criminalidad responde mucho más a las condiciones sociales que a las sanciones legales. Los criminólogos estiman que cerca del 80 por ciento de las variaciones en las tasas delictivas en los países desarrollados pueden ser explicadas atendiendo al desempleo, los ingresos, la educación, la heterogeneidad racial, la movilidad residencial, la propiedad de las viviendas y el número de hogares individuales jefaturados por mujeres" ("Law enforcement and the rule of Law: is there a tradeoff?", Criminology and Public Policy, Vol. 2, No. 1, 2002, pp. 133-154).
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