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Cimbran recortes a salud española

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Vincent
AutorLuis Méndez

Corresponsal

MADRID.- La crisis económica pasa factura en España a millones de ciudadanos que dependen de la sanidad pública, uno de los pilares del bienestar social y que en 2012 dejará de recibir más de 7 mil 200 millones de euros como consecuencia de los recortes ordenados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El sistema público sanitario de carácter universal y gratuito que figuró durante años en los primeros lugares del ranking mundial, se enfrenta en España a un progresivo deterioro que afecta al grueso de la población tras los reajustes implementados por el Ejecutivo del Partido Popular (PP).

El aumento del porcentaje que los pacientes y pensionados deberán pagar por los medicamentos y la drástica reducción del presupuesto de los hospitales públicos que se han visto obligados a restringir los horarios de consultas y quirófanos, han generado la protesta en las calles españolas de decenas de miles de personas bajo el lema "Con la sanidad no se juega".

"Antes pagaba por cada receta 40 por ciento, que me parece más que suficiente, y ahora pago 10 por ciento más, lo que evidentemente afecta mi presupuesto porque en mi caso estoy condenado a consumir muchos medicamentos todos los meses", señala a REFORMA Salvador M., un madrileño que padece una enfermedad intestinal crónica.

"No me parecen justos los recortes y menos aún que los enfermos crónicos, que dependemos mucho más de las recetas, tengamos que pagar una tasa suplementaria por las medicinas. Con los salarios tan bajos que tenemos en este país, cualquier subida es un atentado a la economía familiar", agrega Salvador.

Mientras el Gobierno de Rajoy asegura que los recortes son necesarios para garantizar a medio plazo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional los ajustes que considera como la mayor agresión a la sanidad pública en la historia de la democracia.

El decreto del PP deja desprotegidos a colectivos vulnerables como los migrantes en situación irregular que serán excluidos del servicio médico.

Organizaciones humanitarias calculan en 250 mil las personas que perderán sus prestaciones sanitarias al no estar empadronadas en el país ibérico, ya sea porque ingresaron clandestinamente o porque han perdido su trabajo.

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