¡Ya chole... ya párenle!

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano su disposición, a solicitud de la defensa, para iniciar el mecanismo de solución amistosa del caso Daniel García y Reyes Alpízar.

"Si el Estado acepta sería una oportunidad ante los señalamientos muy fuertes y coincidentes por parte de organismos de supervisión de derechos humanos", sostienen los abogados Aribel García y Simón Hernández.

En 2002, el Juzgado Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, impuso prisión preventiva oficiosa a Daniel y Reyes por su presunta participación en el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés.

Para dar a conocer las violaciones graves en el proceso, en especial la tortura que Reyes sufrió, desde su celda Daniel envió una petición a la CIDH en enero de 2007, explica la defensa.

Diez años después les fue notificado el informe de admisibilidad.

El 8 de febrero pasado, la CIDH notificó al Estado mexicano el inicio de un proceso de posible solución amistosa, y le dio un mes para que comunicara si tiene interés en ese procedimiento previsto en el artículo 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El mecanismo consiste en que una vez que la Comisión tiene un informe de admisibilidad y puede emitir una opinión de fondo sobre las violaciones a los derechos humanos que han sido reclamadas, antes de que emita esta opinión las partes y la CIDH pueden dar una solución.

Pero, subrayan los abogados, "se parte de la disposición de los Estados a reconocer la responsabilidad de las violaciones cometidas, porque lo otro es dejar que la instancia, la Comisión, determine esas violaciones, esa responsabilidad y...

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