César E. Hernández Ochoa / La hoguera de los medios
| Autor | César E. Hernández Ochoa |
Si resulta aprobada, la iniciativa de reformas a la radio y televisión actualmente discutida en el Senado sería la primera reforma legal a la industria mexicana de la radiodifusión en más de nueve lustros. En ese tiempo la industria y el país se han transformado fuertemente, volviendo a la vieja ley del sector cada vez más arcaica e inadecuada.
La ley de 1960 no empata con las aspiraciones democráticas y competitivas de hoy. Fue concebida para tutelar a una autoridad discrecional, que otorgaba títulos de concesión para prestar los servicios de radio y televisión abierta a quien quería y como quería, amparada en vaguísimas invocaciones del "interés público". El contenido real de esa regulación de "interés público" aplicada por las autoridades mexicanas pudo verse sobradamente en décadas de práctica, independientemente de que el Presidente fuera Miguel Alemán o Vicente Fox, de que el secretario de Gobernación se llamara Manuel Bartlett o Santiago Creel, y de que el secretario de Comunicaciones y Transportes fuera Emilio Gamboa o Pedro Cerisola.
La ley de 1960 fue la norma bajo la que se conformó y prosperó el modelo finalmente monopólico de la televisión mexicana, el que tenemos: un modelo en el que los entrecruzamientos de los intereses políticos y los comerciales no fueron nunca desmentidos por la realidad. "Modelo mexicano" se le llamó abiertamente -y hasta con cierto orgullo. Término también utilizado para nombrar al sistema político del priismo hegemónico con el que la radiodifusión mexicana convivió por décadas en plena armonía. Pero la ley de 1960 no sólo fue funcional para el viejo régimen, lo ha sido y lo será para cualquier grupo que llegue al poder presidencial en México después del ocaso priista. Simple y sencillamente: la discrecionalidad inherente a la ley vigente es demasiado tentadora para cualquier político con aspiraciones de empresario (o con amigos o aliados empresarios).
El desajuste que se observa en la ley de 1960 no es solamente el de un régimen jurídico discrecional incompatible con la democracia y con la competencia. El viejo régimen tampoco responde a las nuevas necesidades y características de la industria de la radio y televisión abierta, porque la encajona regulatoriamente. Aunque siguen siendo industrias que se cuecen aparte, la convergencia de la televisión con la telefonía y el internet de banda ancha es cada vez menos una posibilidad y cada vez más una realidad en países desarrollados, pero también en México. La oferta empaquetada de los tres servicios antes referidos (Triple play) ya es una realidad en algunas ciudades mexicanas como León, Toluca y Tijuana, gracias a la alianza de empresas de televisión por cable y telefónicas (por ejemplo, Axtel con Cablemás, y Maxcom con Cablenet y Telemedia). El proyecto de televisión vía internet (IPTV) de Telmex ya se encuentra avanzado, como lo muestran algunas inversiones en su red, la participación de Carlos Slim en Televisa misma, en la productora Argos y sus acercamientos con News Corporation para obtener derechos exclusivos sobre su programación. Los planes de Televisa por ofrecer directamente videos sobre pedido (VoD) de sus populares programas en el mercado estadounidense ya llevaron a la empresa de San Ángel a iniciar un litigio con Univisión y a la agria...
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