Cesan al titular
| Autor | José Villasáez |
El ex líder estatal del PRI y actual director del Instituto de Control Vehicular (ICV), Pedro Morales Somohano, fue destituido ayer de forma definitiva del cargo, tras publicarse que, desde el organismo que encabezaba, se incentivó el robo de vehículos al traficar 175 mil juegos de placas que habrían sido usadas en autos robados o chuecos.
Pese a su destitución, el ahora ex director sigue libre, aunque el Procurador Adrián de la Garza no descartó su arraigo, pues tanto la auditoría como la indagación aún están en proceso.
"Si en el transcurso de la investigación", respondió a pregunta expresa, "se considera (necesario arraigar) no nada más al ex director ahora, sino a cualquiera de los funcionarios (del ICV), ya se lo estaremos solicitando a un juez del fuero común".
Santiago Adrián González López, coordinador de Operaciones, segundo al mando en el ICV y quien presuntamente encabezó el tráfico, sigue prófugo, mientras que las autoridades señalaron que, hasta el momento, hay dos empleados arraigados.
También se informó que son 175 mil 508 las placas robadas, que se desconoce su destino, que son láminas vigentes hasta el 2013, que el robo se cometió en tres diferentes fechas y que el desfalco al erario ascendería a los 33 millones de pesos.
La salida de Morales Somohano y detalles de la indagatoria fueron dados a conocer en el Palacio de Gobierno en conferencia de prensa conjunta del Procurador De la Garza; el Secretario de Gobierno, Álvaro Ibarra; el Contralor Jorge Manjarrez, y la jefa de la Unidad Anticorrupción de esta dependencia, María Narváez.
En la conferencia, las autoridades no sólo confirmaron el robo de las placas revelado ayer por EL NORTE, sino que informaron que se arraigó a Israel Carrillo Herrera, coordinador administrativo del Instituto, y a Édgar Eduardo Cárdenas Silva, empleado del área de Coordinación de Operaciones.
González está prófugo desde que se empezó a aplicar en mayo una auditoría al ICV por parte de la Contraloría estatal, señaló De la Garza.
La solicitud de arraigo en contra de los dos funcionarios señalados es por el delito de robo, detalló el Procurador, pero éste puede variar conforme avance la investigación.
Hasta ayer, señaló, aún no habían encontrado las placas robadas al Instituto.
Tanto González como Carrillo eran funcionarios de alto nivel, pues encabezaban las coordinaciones que en el organigrama dependen directamente del titular del organismo.
El Procurador dijo que González tenía aproximadamente...
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