Celina Canales / Matar al que mata

AutorCelina Canales

Este miércoles pasado, Texas, el estado norteamericano con más ejecuciones registradas, terminó con la vida del mexicano Édgar Tamayo por el asesinato de un policía en 1994.

Tamayo es el tercer mexicano que recibe la pena de muerte en esta entidad a pesar de haber estado amparado, junto con otros 51 mexicanos, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Estados Unidos revisar los casos donde las garantías consulares de extranjeros fueron violadas.

El próximo abril Texas tiene previsto ejecutar también a Ramiro Hernández Llanas, uno de los 51 prisioneros, por el homicidio de un ranchero. Sería la primera vez en la historia del estado que dos ciudadanos mexicanos reciben la inyección letal en el mismo año.

Haber violado la Convención de Viena tiene sin cuidado a la mayoría de los estadounidenses, que argumentan que de todas formas en México a los delincuentes tampoco se les respetan sus derechos humanos. Además, estamos hablando de casos donde mexicanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal y cometieron crímenes terribles.

Sin embargo, la pena de muerte no debería ser la solución. Es un castigo cruel, violento y degradante. En lugar de buscar la rehabilitación del sujeto, su efecto es simplemente la venganza. No resuelve el problema de criminalidad. Viola el derecho a la vida.

Los Gobiernos que la practican afirman que es disuasoria. Si los potenciales agresores saben que una de sus consecuencias podría ser la muerte, piensan dos veces antes de cometer un delito, dice la teoría.

La realidad es distinta. Por ejemplo, en el 2004 en Estados Unidos el índice medio de homicidios en los estados con la pena capital fue de 5.71 por cada 100 mil habitantes según Amnistía Internacional. En los estados sin la pena de muerte, los asesinatos fueron menos: 4.02 por cada 100 mil habitantes.

Canadá abolió la pena de muerte en 1976. Para el 2006, el índice de asesinatos había descendido un 44 por ciento con respecto a 1975.

Matar de forma premeditada y a sangre fría a manos del Estado, lejos de proteger a los ciudadanos, crea un clima de violencia en la sociedad. Es un ciclo de dolor en el que ni los familiares de las víctimas ni los del criminal recuperan lo perdido.

"La pena de muerte es una alternativa política muy cómoda a la puesta en marcha de programas reales y efectivos de protección pública y prevención de la delincuencia, que implican mayores dificultades", escribió...

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