Cataluña. Líderes independentistas, a juicio
Luis Méndez, corresponsal
MADRID, España, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- El juicio a los independentistas catalanes supone una prueba de fuego para el gobierno español, que prevé que la presión de los separatistas vaya en aumento a medida que avance el proceso judicial, el cual inicia este 12 de febrero y que se podría prolongar durante más de tres meses.
Además, la imagen del país ibérico estará otra vez bajo el punto de mira internacional, después de que renombrados juristas y políticos de diversas tendencias denunciaran el desproporcionado castigo a los independentistas catalanes que han tenido que permanecer en prisión provisional entre nueve y 15 meses antes de ser juzgados por el Tribunal Supremo.
El delito de rebelión que se les imputa a nueve de los 12 políticos separatistas procesados resulta también desmedido para la izquierda española y algunas asociaciones judiciales. De acuerdo con los inconformes, la ausencia de episodios violentos durante el proceso separatista invalidaría la acusación de rebelión que puede comportar una pena de hasta 20 años de cárcel.
Los nueve independentistas encarcelados están acusados de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos.
Entre ellos se encuentra el ex vicepresidente del gobierno catalán (Generalitat), Oriol Junqueras, para quien el fiscal pide 25 años de cárcel por el delito de rebelión, que habría cometido al impulsar el proceso independentista.
También están recluidos el ex canciller de la Generalitat, Raül Romeva, y la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, junto con otros ex consejeros y dirigentes sociales.
El ex presidente Mariano Rajoy comparecerá como testigo junto con otros miembros del derechista Partido Popular (PP), que gobernaba España cuando se produjeron los hechos.
En los últimos meses se han realizado en Cataluña manifestaciones masivas para demandar la liberación de los líderes a los que el separatismo califica de presos políticos.
El conocido como juicio del 1 de octubre (1-O) hace referencia a los episodios ocurridos en otoño de 2017, cuando el Ejecutivo catalán organizó un referéndum independentista a pesar de que la justicia española lo consideraba ilegal.
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