Catálogo de anomalías
| Autor | Andro Aguilar |
La intromisión de los gobiernos federal y estatal, el uso de los cuerpos de seguridad para amedrentar a la oposición, denuncias de coacción del voto, propaganda negra, amenazas, intimidaciones y la sustitución del 20 por ciento de los funcionarios de casilla caracterizaron los comicios del Estado de México.
Desde su inicio, el proceso mexiquense fue señalado por la oposición como un intento de dispersar el voto a través de la competencia de partidos locales y candidatos independientes afines al PRI. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) es señalado por su cercanía al partido oficial y el Consejo General del INE de actuar con tibieza.
El 10 de mayo, la organización Ahora denunció ante las autoridades federales el presunto desvío de 4 mil millones de pesos a la campaña del priista Alfredo del Mazo, provenientes de los gobiernos federal y estatal.
Dos semanas después, el 26 de mayo, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, pidió al INE atraer los comicios bajo el argumento de que se trataba de una "elección de Estado".
La secundó la aspirante de Morena, Delfina Gómez.
Bernardo Barranco Villafán, consejero de la junta local del INE en el Estado de México, asegura que lo vivido en la tierra del presidente Enrique Peña Nieto rebasa el calificativo de "elección de Estado".
"Cuando se habla de una 'elección de Estado' se quiere decir una intervención indebida, pero va mucho más allá. La idea de fondo es que el Estado se convierte de plano en una maquinaria electoral para condicionar, comprar el voto, etcétera.
"Durante el periodo electoral, el gobierno se transforma en un gran aparato con muchos recursos, programas sociales, promesas dirigidas con base en el conocimiento territorial y específico de la zona que está pisando. Hay características precisas que ellos conocen. A ese nivel de detalle y fineza es en el que en las últimas elecciones ha operado la estructura gubernamental", precisa.
La mano de Eruviel
A través del Decreto 197, el Congreso mexiquense ordenó el 31 de marzo, previo al arranque de las campañas, no suspender 67 programas sociales del gobierno de Eruviel Ávila, quien pudo continuar con el reparto de becas escolares, dinero en efectivo y artículos de uso doméstico y herramientas de trabajo. El TEPJF desechó la impugnación solicitada por el partido Morena al respecto.
Pero el gobierno mexiquense operó, además, programas sociales no incluidos en el decreto (Reforma, 14/05/17), ya que regaló vales para estudios de...
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