Castigan códigos muerte asistida

AutorVíctor Fuentes

La eutanasia, cuya práctica en el Distrito Federal pretenden despenalizar los diputados locales del PRD, se mide con varas distintas en los códigos penales del País.

La asistencia para la interrupción voluntaria de la vida de los enfermos terminales es un tema relativamente novedoso del que se ha profundizado poco en las leyes penales de los estados, cuyas procuradurías son, al menos en teoría, las encargadas de castigar esa conducta.

En Veracruz, Nuevo León y Coahuila, hay despenalización virtual o castigos reducidos para casos de muerte asistida por causas humanitarias.

Veracruz es la única entidad que exime expresamente de delito al personal médico que, a petición de familiares, desconecta a pacientes que sobreviven por medios artificiales.

Nuevo León, en tanto, contempla una pena casi simbólica para quien "actúa por súplica de alguien que está en gravedad extrema, para quien la vida resulta ya inaceptable".

El castigo es de 3 días a 3 años de cárcel. Penalistas consultados explicaron que una persona que llegue a ser procesada por ese delito, bajo ninguna circunstancia iría a la cárcel, pues incluso si recibe la condena más elevada -lo que sólo sucedería de tener antecedentes penales-, tendría derecho a la conmutación por una multa.

Coahuila es el único estado que menciona la palabra "eutanasia" en su Código Penal y la define como: "quien con la voluntad del pasivo le cause la muerte sólo por motivos de piedad; que consistan en evitar que tenga una agonía dolorosa en extremo o porque se trate de un enfermo en fase terminal, sin posibilidad de sanar".

La sanción es de 3 meses a 3 años de cárcel. Como en Nuevo León, la posibilidad de una privación de la libertad para el acusado es muy remota, aunque tendría que enfrentar el problema de pasar por un proceso penal.

En el resto del País se habla de "homicidio asistido por piedad", y las penas presentan contrastes importantes.

El castigo más severo es en Tabasco y Morelos, con 4 a 12 años de cárcel y una probabilidad muy elevada de que el acusado sí vaya a prisión.

Guanajuato castiga el homicidio "por consentimiento válido" de la víctima con penas de uno a 15 años de cárcel, lo que permite gran discrecionalidad al juez.

Aunque suena similar al homicidio por piedad, el auxilio para el...

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