Jorge G. Castañeda / Audiencia pública
| Autor | Jorge G. Castañeda |
La semana pasada informamos de la inminente audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre las demandas interpuestas por el que escribe y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por violar los artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recapitulamos los pasos que se habían seguido para llegar a este desenlace, y prometimos informar en esta nueva entrega semanal de lo que posiblemente ocurra pasado mañana en San José. La audiencia es pública: comparecerá la parte demandada, a saber, el Estado mexicano, representado por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y las partes demandantes -la Comisión Interamericana y un servidor. Ambas partes expondrán sus argumentos ante la Corte y ésta los tomará en cuenta para rendir su fallo en un plazo aún por determinar. Insistíamos ya hace ocho días que ésta es apenas la segunda vez en la historia en que el Estado mexicano es colocado en el banquillo de acusados, y si la Corte no se declara incompetente -objetivo que busca el Estado mexicano- será la primera vez que el Estado mexicano y su Presidente sean juzgados por un tribunal internacional por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano.
He aquí la primera paradoja de la audiencia. Resulta difícil de entender por qué los burócratas de Gobernación y Relaciones Exteriores no supieron evitar que el presidente Felipe Calderón corriera el riesgo de ser el primer jefe del Estado mexicano en ser condenado por violar los derechos humanos de uno de sus connacionales. Peor aún: por un asunto relativamente fácil de subsanar -acceso a justicia y candidaturas independientes- y que en el fondo no le costaba nada. Supongo que Calderón tenía plena conciencia, al decidir en contra de un simple allanamiento unilateral ante ambas demandas, que corría este riesgo; y supongo también que la SRE y Gobernación le aseguraron que el asunto era pan comido. Mis abogados me aseguran que en un verdadero litigio, como será el juicio en la Corte Interamericana, nunca hay pan comido: se puede ganar o se puede perder.
El Estado mexicano seguramente argumentará que no agotamos las instancias nacionales al no acudir al TEPJF; que no presentamos la solicitud de registro de una candidatura independiente a la Presidencia en los tiempos previstos por el Cofipe; y que la prohibición en el Cofipe -obviamente no en la Constitución- de las candidaturas independientes, no...
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