Carmen Aristegui F. / Lo que viene
| Autor | Carmen Aristegui F. |
La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que resolvió, por unanimidad, los amparos en revisión que promovieron cuatro inculpados del caso Ayotzinapa es, simple y sencillamente, extraordinaria.
Para muchos, como quien esto escribe, se trata de un vuelco histórico positivo que trasciende, por mucho, a la situación de los cuatro amparados y al propio caso Ayotzinapa. Para muchos otros es un escándalo y una extralimitación de los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo Espinoza que suscriben la sentencia de más de 700 hojas.
En lo que sí hay coincidencia es en que se trata de una sentencia histórica y un punto de quiebre en la historia de la justicia mexicana.
A tres semanas de las elecciones, el caso de los 43 estudiantes ha dado un vuelco de proporciones insospechadas. No sólo se ordena reponer el procedimiento, sino que se determina que -a reserva de que se practiquen peritajes independientes que cumplan con el protocolo de Estambul- "hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los coinculpados fueron obtenidas bajo tortura", cosa que ya se sabía, nada más que ahora se trata de una sentencia judicial sobre la cual ya no hay recurso que valga.
La nota informativa publicada por el Poder Judicial de la Federación reproduce los graves señalamientos que los tres magistrados hacen a la investigación de la PGR: "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial".
No cumplió con la jurisprudencia y protocolos de la Corte Interamericana y Naciones Unidas y -ojo- dado que "se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de Gobierno" y aunado a que en México "no se cuenta con una Fiscalía Independiente", luego entonces se ordena crear algo insólito en México: una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa que no se parece a las Comisiones de la Verdad que se han creado en diferentes partes del mundo.
Esta Comisión de Investigación para la Verdad parece aún más sui géneris de lo que, de por sí, son las Comisiones de la Verdad, creadas como mecanismos extraordinarios cuando los grados de violaciones a derechos humanos, crímenes e impunidad rebasan los límites, capacidades e involucramiento de autoridades y/o Gobiernos.
Lo que ordena el Tribunal no sólo involucra -como es obligado- a las víctimas del suceso, sino que las coloca a través de sus representantes como parte formal de las tareas...
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