Carmen Aristegui F. / El derecho a la verdad

AutorCarmen Aristegui F.

Literalmente con toda la fuerza del Estado y con una firmeza y decisión que no se le había visto a lo largo del sexenio con ningún otro tema, el Gobierno de Peña Nieto libra una batalla jurídica y judicial, de gran alcance, cuyo desenlace tendría que llegar, necesariamente, de la Suprema Corte de Justicia. Todo parece indicar que a Peña y a este gobierno les va la vida en este tema. Se trata de frenar, a como dé lugar, la constitución de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del caso Ayotzinapa que ordenó el Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas en la histórica sentencia que promulgó con motivo de la revisión de cuatro Amparos relacionados con el emblemático caso.

El Gobierno de Peña está empecinado en que no se instaure esa figura extraordinaria, en la que los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público reorienten los ejes de investigación en una nueva dinámica en la que los dos primeros determinen las líneas de investigación, las pruebas a desahogarse y convoquen, si así lo deciden, a organismos nacionales y/o internacionales especializados (tipo GIEI) para que colaboren en un nuevo proceso que permita llegar al fondo de lo ocurrido en el antes, durante y después de este caso. En un despliegue nunca visto, trata de impedir que, por esta novedosa vía, se intente hacer valer el derecho a la verdad que reclaman las víctimas al tiempo que se imparta justicia por estos abominables hechos.

No se trata sólo de un duelo entre quienes empujan por nuevos caminos e instrumentos de la justicia -así sean heterodoxos o sui géneris- para tratar de destrabar el colapso en que estamos metidos en materia de corrupción, violencia e impunidad, como lo demuestra el caso Ayotzinapa, y quienes defienden el funcionamiento, digamos tradicional, de las instituciones de procuración e impartición de justicia a pesar de resultados desastrosos como los que ha habido, precisamente, en casos como el de Ayotzinapa. Alguna razón poderosa parece empujar al Gobierno mexicano a hacer todo lo posible para que lo ocurrido con esos 43 muchachos no sea conocido por la sociedad, si no ¿de qué otra forma se explica todo aquello que quedó expuesto en la sentencia del tribunal en Tamaulipas que decidió -en un giro copernicano- trascender a los cuatro Amparos que resolvía y al propio caso Ayotzinapa con una sentencia, por...

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