Carlos Fuentes/ Libertades públicas y seguridad nacional
| Autor | Carlos Fuentes |
El Presidente George W. Bush le ha declarado "la guerra al terrorismo". Se trata, sin duda, de un eufemismo, como "la guerra contra el crimen", "la guerra contra la malaria" o "la guerra contra la prostitución". Porque una guerra, en sentido estricto, sólo puede librarse por un Estado nacional contra otro Estado nacional soberano, con bandera, territorio y Jefes de Estado reconocibles. El terrorismo no responde a estas exigencias. No tiene territorio, tiene guaridas. No tiene Jefes de Estado, tiene instigadores. Y no tiene bandera, como no sea el "Jolly Roger" -calavera y huesos- de los piratas, como lo ha indicado el historiador Arthur Schlesinger.
El combate al terrorismo será, por estos motivos, un combate permanente. Como la hidra, donde se corta una cabeza del terror, nacerán 100 más. Como el hombre invisible, el terrorista cambiará de ubicación, protección, escondite, con la rapidez del criminal avezado. Escapa a las leyes clásicas de la guerra y pone en entredicho la legislación interna de los países afectados. Razón de más para reforzar, en una dimensión, el derecho de gentes y, en la otra, las leyes internas protectoras de los derechos civiles, a pesar de o en razón de, las leyes de excepción para combatir al terrorismo. El terror no se combate con el terror, ni la ilegalidad con más ilegalidad en nombre del antiterrorismo. La mejor defensa contra el terror es situar la legislación contra el terror en espacios que no menoscaben las libertades públicas y las garantías individuales. Ejercicio arduo, como ardua es la protección concomitante de la seguridad y de la democracia.
De allí la gravedad de las medidas tomadas por Bush y su Procurador General, John Ashcroft, limitando severamente las libertades públicas estadounidenses en nombre del combate contra el terrorismo:
-La creación de tribunales militares secretos para juzgar y condenar a personas sospechosas de ser, poder ser o querer ser terroristas.
-La facultad arbitraria del Ejecutivo para decir quién o quiénes han de ser juzgados por los tribunales ad-hoc.
-La celebración de juicios secretos en alta mar o en bases militares tales como la de Guantánamo en Cuba.
-La abolición de jurados y su sustitución por comisiones de oficiales de las fuerzas armadas.
-La supresión del derecho del acusado a comunicarse con sus abogados.
-La abrogación del principio de que todo individuo es inocente hasta probarse que es culpable, a favor del principio de presunción de culpabilidad y en...
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