Carlos Elizondo Mayer-Serra / Nuevas víctimas
| Autor | Carlos Elizondo Mayer-Serra |
En enero tuvimos 1,104 "homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada". Celebro que la Secretaría de Gobernación haya optado por la transparencia y publicar datos preliminares en materia de seguridad. Sin embargo, está violando la legislación vigente. A la luz de la Ley General de Víctimas, que entró en vigor el pasado 8 de febrero, es inadmisible decir que de los 1,104 homicidios dolosos "1,068 son presuntos delincuentes abatidos". Son víctimas. No se puede afirmar que sean presuntos delincuentes. La ley en su artículo 5 señala: "Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva". La definición de víctima es amplia. Para serlo basta "la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, e independientemente de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo". Su artículo 7 es aún más contundente: "Las víctimas, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal (sic) o de cualquier otra índole, tienen derecho a la protección del Estado...".
Esto no debe extrañarnos. El haber matado no convierte al asesino en un sujeto sin derechos, aunque no conozco legislación alguna que el ser víctima conlleve las implicaciones que tenemos hoy en México, gracias a la nueva ley. La lógica detrás de ésta, suscrita aparentemente por la actual administración, es que aún los asesinos son víctimas de un Estado que no les dio las condiciones para no caer en manos del crimen organizado. No son plenamente responsables, incluso si son sicarios. En palabras de Javier Sicilia: "los muertos culpables son también seres humanos que un Estado corrupto y omiso arroja día con día a la delincuencia...".
Son muchas las responsabilidades que impone esta nueva ley a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. De entrada deben estar preparados para pagar muchos funerales, o en su defecto poner una funeraria. La ley en su artículo 35 afirma que el gobierno pagará "a las víctimas, con cargo a sus presupuestos (...) los gastos funerarios en los que ellas deban incurrir cuando sus familiares o seres queridos fueron asesinados...". También deben de contemplar un sistema de becas. Según el artículo 57, "La víctima (...) tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio como mínimo...
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