Carlos Elizondo Mayer-Serra / El vacío

AutorCarlos Elizondo Mayer-Serra

"La compraventa de hoja de maíz, en torno a la cual gira la economía de [...] municipios indígenas [...] ubicados en la sierra del Totonacapan, en el norte de Veracruz, se ha convertido en los dos años recientes en una fuente de ingresos para la delincuencia organizada. [...] A cada comercializador del producto le exigen una cuota de 70 mil pesos por cosecha y un impuesto adicional de mil 500 pesos por cada tonelada que vendan a la semana". Es un fragmento del artículo "La mano del crimen organizado, hasta en los tamales" de La Jornada el lunes pasado.

Estamos como en la época postrevolucionaria. Todavía en los años cuarenta, salvo en la Ciudad de México, había un vacío estatal. El grueso de la población lidiaba contra caciques y hacendados fuertemente armados y un ejército con amplio margen para asesinar a presuntos delincuentes o a adversarios políticos. La tasa oficial de homicidios entre 1941 y 1945 era de 31 por cada 100 mil habitantes. La verdadera era por lo menos del doble. Esto se analiza en el libro de Paul Gillingham Unrevolutionary Mexico: The Birth of a Strange Dictatorship (2021).

La Ciudad de México luce tranquila comparada con su pasado reciente. A fines del gobierno de Miguel Ángel Mancera los homicidios dolosos alcanzaron un pico de 17.7 por cada 100 mil habitantes; en noviembre de 2022 había bajado a 8.7, menos que en Miami. Sin embargo, el intento de asesinato de Ciro Gómez Leyva es muy preocupante.

Además de un buen trabajo por parte del gobierno capitalino en materia de seguridad, cuenta con todo el apoyo federal. En el absurdo asignan 6 mil efectivos de la Guardia Nacional al Metro, mientras que en Zacatecas hay únicamente mil 420 elementos, cuando enfrentan casi 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Solo Colima tiene una peor tasa de homicidios. Ahí ni las autoridades están seguras: el miércoles pasado asesinaron a la titular de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado.

El problema de la extorsión es grave en buena parte del país. No hay métricas claras, aunque los datos oficiales, insuficientes como son, indican un aumento: de 5.5 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 7.8 en noviembre del 2022.

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