Carlos Elizondo Mayer-Serra / Inconstitucional
| Autor | Carlos Elizondo Mayer-Serra |
El gobierno está decidido a aprobar leyes inconstitucionales. El modelo es sencillo: aprovechar la mayoría en ambas Cámaras para sacar cualquier ley. Gobernar con esas leyes mientras se resuelve cualquier recurso de inconstitucionalidad.
Esta semana salieron apresuradamente dos leyes claramente inconstitucionales. La primera fue aprobada de manera sorpresiva el jueves por el Senado. Se incluyó un artículo transitorio en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para ampliar por casi dos años la presidencia de Arturo Zaldívar tanto en la Suprema Corte (SCJN) como en el Consejo de la Judicatura, y dos años el periodo de los otros 6 miembros de la Judicatura, órgano que administra al Poder Judicial y que estará a cargo de nombrar, con la nueva ley, cientos de nuevos jueces y magistrados.
La Constitución es clara. El cargo de presidente de la SCJN es por cuatro años sin posibilidad de reelección. AMLO defendió el atraco legal: argumenta un bien superior, según él, mejorar el Poder Judicial. Ante ese objetivo, violar la Constitución es peccata minuta.
Cuando se discuta en el pleno su inconstitucionalidad, bastarán cuatro ministros leales a Morena (seguramente los tendrá al sustituir al ministro Franco a fines de año) para frenarla, aunque en un evento similar, el intento de Jaime Bonilla de ampliar su mandato, la Corte votó, por unanimidad, en contra. Hoy la reputación de Zaldívar está en juego. La legitimidad de la SCJN, en suspenso.
La segunda fue la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obligará a los usuarios de teléfonos celulares a dar sus datos biométricos a la compañía telefónica. La débil justificación es el combate al crimen organizado, y en particular el uso de celulares en las prisiones. Bastaría con tener funcionando bloqueadores de señal, pero la corrupción lo ha impedido.
Esa corrupción pone en riesgo que nuestros datos personales terminen en manos de cualquiera, amén de darle al gobierno una información que puede usar de manera discrecional o ilegal. Ningún gobierno democrático tiene esa información. Peor aún: un criminal encontrará cómo tener celulares sin dar sus datos biométricos.
Habrá una avalancha de amparos. Un sinnúmero de jueces otorgará suspensiones a la ley. Como dijo AMLO respecto al registro de Félix Salgado, se deben priorizar los derechos de los mexicanos, en este caso el de la privacidad.
Es probable que la Primera Sala de la Corte valide los amparos que le...
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