Carlos Ornelas/ La autonomía ausente
| Autor | Carlos Ornelas |
Con todo y que hay numerosas voces de la opinión pública y el mundo oficial que aplauden la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), soy pesimista respecto a sus alcances. No importa que el presidente Vicente Fox haya dicho y repetido que el "IFE" educativo sería independiente y autónomo del poder público, el INEE nació dependiente de la SEP y sin posibilidades propias.
El decreto que lo constituye apareció el 8 de agosto del 2002 en el Diario Oficial de la Federación, horas antes de que se signara el Compromiso Social por la Calidad de la Educación entre 80 personalidades; aunque las firmas que cuentan son las del secretario de Educación Pública y la del secretario general del SNTE. La fecha elegida para que apareciera el decreto fue para simbolizar al INEE como el primer fruto de un amplio consenso y entregar una promesa del Presidente.
No quiero regatear ciertos méritos que contiene el decreto de fundación, pero está por debajo de las expectativas que el mismo gobierno, el Presidente en persona, generó: que sería un órgano independiente y autónomo, como el IFE, con el fin de que las evaluaciones del INEE fueran creíbles y ganaran la confianza de la ciudadanía.
Funciones restringidas
Algunos de quienes han elogiado la construcción de ese instituto tal vez desconocen el decreto y los modos de operación que allí dibuja. Uno de los considerandos textualmente establece:
"Que la calidad del Sistema Educativo Nacional y sus componentes se apreciará objetivamente gracias a mecanismos rigurosos y confiables de evaluación que serán independientes de las autoridades, cuyos resultados se difundirán y utilizarán para el mejoramiento de la calidad".
Se lee bien y se escucha mejor: el gobierno responde a los reclamos de segmentos sociales que pedían esa independencia y difusión de resultados.
Pero el escepticismo llega cuando uno lee que el órgano de gobierno del INEE es una Junta Directiva que se estableció el 15 de agosto, bajo la presidencia el secretario de Educación Pública. Más aún, en ella participan subordinados directos suyos, como el subsecretario de Educación Básica y Normal, el director general del Cinvestav, el rector de la UPN, así como otros altos funcionarios del gobierno, entre ellos el director general del Conacyt, un representante del secretario de Hacienda y Crédito Público y el director general del Instituto Mexicano del Petróleo. No entiendo por qué un funcionario de un área tan alejada de la política educativa debe ser parte de esta Junta, pero allí está.
Además...
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