El cambio de paradigma en materia de investigación y, de manera especial, lo tocante a apuntalar la investigación de los delitos del orden federal, apegada al debido proceso, asegurando que la persecución de los delitos se sustente en la investigación
| Autor | Tomás Zerón de Lucio |
| Páginas | 1017-1032 |
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La transición hacia un nuevo modelo de impartición de justicia advirtió la reestructuración de todas las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia; así como una reordenación de sus capacidades institucionales, con el in de procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial en beneicio de la sociedad.
En México, la consolidación de las instituciones es la piedra angular para un óptimo desarrollo en sus diferentes ámbitos. Por ello, la reforma debe ser integral a in de impulsar instituciones más justas y eicientes. Por ello deben mejorarse las organizaciones encargadas de la procuración e impartición de justicia y de la prevención del delito (Zepeda, 2007).
Es decir, la reforma al sistema de justicia representaba una urgente necesidad y compromiso para garantizar el Estado de Derecho, y de mejorar su capacidad de respuesta ante las exigencias de seguridad y procuración de justicia que la ciudadanía demanda.
Los problemas de impartición de justicia que ha enfrentado nuestro sistema han vulnerado el Estado de Derecho, teniendo un impacto negativo en la percepción de la ciudadanía.
Por consiguiente, representa una tarea que demanda un gran compromiso y la Procuraduría General de la República (PGR), ha asumido un papel crucial con el in de asegurar a los mexicanos la certidumbre de la legalidad en todas las tareas que realiza, al comprometerse en velar por la estricta observancia y aplicación de la ley que representan un reclamo social y nacional.
Derivado de lo anterior y como parte de los retos de la implementación del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio, se planteó el surgimiento de un Órgano Constitucional Autónomo, con independencia técnica, personalidad jurídica y patrimonio propios, bajo el nombre de Fiscalía General de la República (FGR),
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el cual obedecería al diseño de esta nueva lógica organizacional de la PGR y se prevé en breve sea aprobada.1
En este escenario se inserta la Agencia de Investigación Criminal, al implemen-tar acciones orientadas a la consolidación del proceso de investigación cientíica que integre la información táctica y operativa de cada una de sus áreas y facilite la obtención de productos de inteligencia estratégica haciendo efectivos los propósi-tos y ines del nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio.
Al hablar de procuración de justicia es necesario partir de la explicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a que se integra de los subsistemas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y aplicación de sanciones. El primero tiene como objetivo prevenir conductas antisociales a través de la disuasión y campañas para una mejor convivencia social; en tanto que el segundo se encarga de investigar y perseguir el delito mediante metodologías y técnicas de investigación con el in de abatir la impunidad.
La ffinalidad del tercer subsistema es juzgar e impartir justicia con una valora-ción objetiva de datos de prueba, asignando sanciones a conductas delictivas; y en el último, se aplican sanciones al dar seguimiento a penas, medidas cautelares o acuerdos reparatorios para una reinserción social.
La procuración de justicia es una de las etapas más importantes en el Sistema de Justicia Penal. A manera de ejemplo, al llevarse a cabo la comisión de un delito, se investiga y se recaban los elementos materiales probatorios, medios y datos de prueba que sustentan la responsabilidad de los presuntos imputados y se ejerce acción penal.
La procuración y la impartición de justicia, así como la defensa y la seguridad frente al exterior, constituyen algunas de las funciones básicas de todo Estado Moderno. No obstante, para que estas funciones se cumplan y un sistema de justicia penal permita que todas las personas accedan y gocen de sus derechos, es necesario que los distintos actores desarrollen de manera eiciente su trabajo (Ruiz, 2010, p.13 ).
Por su parte, Tomás Coronado en su texto: Errores en la procuración y administración de justicia, indicó que existe una diferencia entre los términos procuración y administración de justicia, en virtud que son consecuencia de una necesidad de edificar una gobernabilidad democrática que garantice el respeto a los derechos humanos básicos y salvaguarde los principios del Estado de Derecho (Coronado,
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2010, p.17 ). Asimismo, reconoce que los problemas de procuración y administración de justicia radican en una estructura no orientada hacia la investigación de los delitos.
De manera breve trataré de explicar cómo el incremento de la incidencia delictiva, la falta de denuncias, afectaciones en la percepción del desempeño de las instituciones y funcionarios públicos, así como la falta de la calidad en la información han mermado nuestro sistema de justicia, ocasionando daños importantes más no irreversibles.
Incidencia delictiva
De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la incidencia delictiva en México tanto en el fuero común como en el federal presentó un incremento sostenido desde el año de 2006 hasta el 2012.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 reirió que en el año 2013 se generaron 33.1 millones de delitos, asociados a 22.5 millones de víctimas, cifra que representa una tasa de 1.5 delitos por víctima, mientras que en 2012 fue de 1.3 delitos por víctima.
Además, en 2013 la ENVIPE reportó una tasa de 41 563 delitos por cada cien mil habitantes, mientras que en años anteriores se registró una tasa de 35 139 y 29 200 delitos, en 2012 y 2011, respectivamente. Estas cifras relejan la necesidad de atender los factores que tienen efectos sobre la comisión de los delitos y en la operación del sistema de justicia penal en el país.
Cifra negra
En nuestro país persiste desconianza en las autoridades encargadas de la procuración de justicia, aspecto que se releja en una baja tasa de denuncia. Según datos presentados por la ENVIPE publicada en 2014, reirió que a nivel nacional la cifra negra representó 92% de los delitos durante el año 2010, 91.6% en el 2011 y 92.1% en 2012, mientras que en 2013 aumentó a 93.8%.
Derivado de lo anterior, en 2013 se denunció 9.9% de los delitos, de los cuales 6.2% se inició una averiguación previa ante el Ministerio Público.
Esta situación pudiera obedecer a que la ciudadanía tiene bajo interés por presentar sus denuncias, toda vez que temen a las consecuencias de hacerlo y a ser re-victimizados por la deficiente operación de las procuradurías y/o iscalías.
Por tanto, para reducir estas cifras tan perjudiciales para el desarrollo de nuestro sistema de justicia, es necesario mejorar los mecanismos de denuncia y fortalecer la
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conianza de los ciudadanos en los Ministerios Públicos, por ende es indispensable tomar acciones orientadas a restaurar la conianza ciudadana, con el in de seguir la inferencia de a mayor conianza en las autoridades, mayor es el número de denun-cias y menor la cifra negra.
Percepción de desempeño
En términos generales, se han identiicado problemas en la eiciencia de la actua-ción ministerial debido a inercias burocráticas, falta de organización y limitaciones técnicas de las autoridades encargadas de investigar la comisión de los delitos (ministerios públicos, policías y peritos), así como la inactividad o el retraso en el desahogo de los trabajos de procuración de justicia.
Por ejemplo, referente al último aspecto, la PGR reportó que del periodo comprendido entre 1999 al 2012 cada averiguación previa determinada, excluyendo las consignadas con detenido, fueron integradas en promedio en 223 días, equivalente a aproximadamente ocho meses. De tal forma, la efectividad en la resolución de investigaciones es una función sustantiva de la procuración de justicia.
Otro dato de interés es la conianza en las autoridades de procuración e impar-tición de justicia, toda vez que la ENVIPE 2014 reportó que 51.4% de la población de 18 y más confía en la PGR por lo que ocupa en cuarto lugar, antecedida por la Marina, el Ejército y la Policía Federal.
Calidad de la información
Como último aspecto a considerar y que también es fundamental para el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio, es la calidad de la información con la que se cuenta, toda vez que se han identiicado algunas deficiencias en cada una de las etapas del proceso penal y los procedimientos que lo integran.2
Esta problemática requiere especial atención en virtud que la calidad y análisis de la información son insumo para la persecución del delito, toda vez que su objetivo principal es brindar los elementos suicientes, para que los tomadores de decisiones cuenten con instrumentos que les permita ser asertivos.
En este sentido, sobresalió un evento organizado por la Agencia de investigación Criminal, el 24 de junio de 2015, denominado el "Primer Encuentro Nacional de Analistas de Información", cuyo objetivo fue alcanzar de manera colegiada el
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diseño y operación de las Unidades de Análisis de Información (UAI), como estructuras orientadas a fortalecer las capacidades de investigación de la autoridad y hacia la mejora en la generación y explotación de información para el diseño de una política criminal integral y multidimensional (PGR, 2015).
Asimismo, los factores antes expuestos explican en menor o mayor medida la importancia y urgencia de un cambio en el sistema de justicia penal, con el in de terminar con dichos...
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