De la Cámara de Senadores, con la cual remite trece proposiciones con punto de acuerdo a fin de solicitar a esta soberanía que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF de 2020, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por legisladores de diversos grupos parlamentarios
| Fecha de publicación | 29 Octubre 2019 |
| Número de Gaceta | XXII - 5397 |
| Sección | Anexos |
De la Cámara de Senadores, con la cual remite trece proposiciones con punto de acuerdo a fin de solicitar a esta soberanía que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF de 2020, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por legisladores de diversos grupos parlamentarios
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que asigne a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el presupuesto suficiente y proporcional al aumento de solicitudes que ha registrado en los últimos años para garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras que requieran protección internacional.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Primo Dothé Mata (rúbrica)
Secretario
La suscrita, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, senadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a asignar a la Comar el presupuesto suficiente y proporcional al aumento de solicitudes que ha registrado en los últimos años, para garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras que requieran protección internacional, con base en las siguientes
Consideraciones
Historia y marco jurídico de la Comar
La Comar se creó mediante decreto presidencial el 22 de julio de 1980 con el objetivo de estudiar las necesidades de las personas extranjeras refugiadas en el territorio nacional. En los considerandos del citado decreto se argumentó, entre las razones para crear la Comar, “que nuestro país ha sentado en su vida independiente una tesis inalterada de asilo a quienes sufren de persecución por motivos políticos en sus países de origen”.1
Asimismo, se reconoció “que dicha situación plantea la necesidad de crear una Comisión Intersecretarial en la que concurran representantes de las dependencias del Ejecutivo Federal que deban participar en esta materia conforme a su respectiva competencia, a fin de procurar medios de ayuda y protección a refugiados”.2
En concordancia con los principios internacionales en materia de política exterior del país, la administración del entonces presidente José López Portillo creó la Comar para brindar la asistencia y protección necesarias a las personas extranjeras que busquen protección internacional.
De acuerdo con el Acuerdo, se le confirieron a la Comar las siguientes facultades: estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional, proponer las relaciones e intercambios con organismos internacionales creados para ayudar a los refugiados, aprobar los proyectos de ayuda a los refugiados en el país y buscar soluciones permanentes a los problemas de las personas refugiadas.
A pesar de que la Comar se creó para atender originalmente a todas las personas refugiadas y asiladas que llegaran a nuestro país; a partir de 1984 centró sus labores en las y los refugiados provenientes de Guatemala. Posteriormente, en 1982 el gobierno federal y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) firmaron un convenio para establecer una representación permanente de este organismo internacional en el país.
El 27 de enero de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la cual se encuentra vigente. En esta nueva norma jurídica se establecieron las características con las que debe cumplir una persona extranjera para ser considerada refugiada; los principios de la política sobre refugiados; se distribuyeron competencias entre las distintas dependencias de la administración pública federal; el procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada; se definió el concepto de asilo político; los mecanismos para acceder a esta figura; y diversas disposiciones generales relativas a las personas asiladas y refugiadas.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la condición de refugiado debe otorgarse a toda persona extranjera que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda [...] a causa de dichos temores acogerse a la protección de tal país”.3
Asimismo, se debe reconocer tal condición a toda y todo extranjero que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.4
La misma ley define el asilo político como la “protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro”.
En este sentido, el Estado mexicano demuestra su compromiso con la democracia, la libertad y el respeto irrestricto a los derechos humanos al crear e implementar mecanismos para proteger a las personas extranjeras cuyos derechos fundamentales, así como su integridad personal y su vida se encuentren en peligro.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es uno de los órganos facultados para reconocer la condición de refugiado y otorgar medidas de protección complementarias. Entre sus facultades se encuentran: proporcionar a las personas extranjeras información sobre el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y sobre el procedimiento correspondiente; recibir las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, resolver sobre el reconocimiento de la condición de refugiado de los extranjeros que, encontrándose en México, así lo soliciten; emitir las constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; determinar el otorgamiento de protección complementaria a los extranjeros; y determinar el otorgamiento de protección complementaria.
Como se observa, la Coordinación General de la Comar es la responsable como parte del gobierno mexicano para garantizar el derecho de protección internacional de personas que se desplazan por violencia, históricamente forma parte fundamental del procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada. Por ello, ya que nuestro país se ha caracterizado por su hospitalidad y su política de puertas abiertas a quienes son perseguidas y perseguidos en sus países de origen, por lo que es importante fortalecer presupuestal y jurídicamente al órgano encargado de la protección de las personas extranjeras solicitantes de asilo en el país.
Situación actual
Con la llegada de la nueva administración, la política migratoria en nuestro país sufrió un giro de 180 grados, al pasar de un paradigma policiaco a uno que privilegia los derechos humanos de las personas migrantes y extranjeras.
Derivado de las situaciones políticas y sociales convulsas que se viven en Honduras, Guatemala y El Salvador, y en distintos espacios del planeta, algunas y algunos de sus nacionales se han visto obligados a abandonar su país de origen para proteger su vida, su integridad personal, su libertad o estos mismos bienes jurídicos de sus familiares.
El denominado Triángulo del Norte lo forman Guatemala, Honduras y El Salvador. Los tres comparten condiciones de desigualdad, marginación, desempleo y violencia, que son a su vez, la principal razón por la cual sus habitantes se ven obligados a migrar de manera masiva hacia nuestro país en los últimos años.
Las personas centroamericanas de estas tres naciones hermanas buscan mejorar sus condiciones de vida desde las distintas necesidades como las económicas, ya que en sus países no encuentran las condiciones humanas para que logren el desarrollo integral de las personas. Por ello ven en la movilidad una estrategia de sobrevivencia ante las pocas condiciones de dignidad y ejercicio de derechos y de desarrollo humano que hay en sus países de origen.
Antes de tomar la decisión de abandonar sus países, los habitantes del Triángulo del Norte experimentan desplazamientos internos forzados, originados principalmente por la extrema violencia que viven a diario en amplias zonas de sus lugares donde habitan. Tal violencia es generada por el crimen organizado, como el narcotráfico o las pandillas.
En la esperanza por buscar una vida digna en algún otro lugar del mundo, muchas opciones optan por ir México y algunos más a Estados Unidos de América, México ha sido el país de tránsito y de llegada de estas personas; sin embargo, en este trayecto migratorio incierto, derivado de las distintas manifestaciones de violencia que viven las personas, lo que trata de acompañar.
En lo transcurrido de 2019 se ha registrado un incremento de 222...
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