Buscan 'privatizar' revisión aduanera

AutorVíctor Fuentes

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria convocó a licitación para que empresas privadas se hagan cargo, durante los próximos cuatro años, de diversos trámites de revisión en todas las Aduanas del País.

Se trata de dos contratos abiertos por un monto máximo total de mil 738 millones de pesos.

Las empresas ganadoras manejarán el servicio de segundo reconocimiento, con el que se examinan con más detalle ciertas mercancías para verificar que no haya contrabando, y se paguen los impuestos correspondientes al valor de la mercancía.

En teoría es una licitación "pública", pero en realidad sólo participan las cinco empresas que obtuvieron un título de autorización que el SAT otorgó el 1 de noviembre.

Todas esas empresas son europeas. Cuatro operan en México al menos desde 1998, y son del grupo de trasnacionales que por décadas ha controlado el mercado de las revisiones aduanales, sobre todo en países en vías de desarrollo que requieren apoyo para controlar las importaciones.

Desde las bases para otorgar los títulos de autorización estaba claro que no había empresas mexicanas que pudieran competir.

El SAT exigió acreditar a los interesados que cuentan con filiales y oficinas de representación en al menos 65 por ciento de los países con los que México tiene relaciones comerciales, y en 70 por ciento en los que tiene representación diplomática.

Las empresas revisoras pueden realizar visitas domiciliarias en los países donde se originó la mercancía, para verificar la veracidad de lo que declaran los importadores, rendir informes al SAT anexando fotografías para demostrar que las exportadoras existen.

Los importadores tienen que pagar por estos servicios, y los recursos son enviados a un fideicomiso en Nacional Financiera, que se usa, precisamente, para pagarle a las empresas revisoras.

Los fondos fueron guardados por años en el Fideicomiso Aduanas, lo que causó una controversia entre la Secretaría de Hacienda, que afirma que el dinero es privado, y la Auditoría Superior de la Federación, que sostiene que son fondos públicos y que más de 4 mil 500 millones de pesos deben ser devueltos al erario.

Esa controversia está en revisión ante la...

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