Buscan que jueces 'vigilen' DH
| Autor | Víctor Fuentes |
La Suprema Corte de Justicia está a punto de alcanzar una decisión histórica en la que establecería que todos los jueces del País, sin excepción, están obligados a verificar que las leyes que aplican se ajustan a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
La Corte siempre ha sostenido que únicamente el Poder Judicial de la Federación puede ejercer este tipo de controles, vedados para los tribunales estatales y administrativos.
Pero cinco de los once ministros del máximo tribunal se pronunciaron ayer por revocar este criterio, al discutir la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla.
Cuatro ministros hablaron en contra de abandonar la postura tradicional y advirtieron que se podría desquiciar al sistema jurídico nacional, mientras que el presidente Juan Silva y Fernando Franco opinarán el próximo lunes, cuando ya no estará la ministra Margarita Luna Ramos por un viaje a Indonesia.
La mayoría provisional consideró que el párrafo 339 de la sentencia del caso Radilla obliga a la Corte a emitir un pronunciamiento sobre el "control de convencionalidad", es decir, la vigilancia judicial del respeto a los tratados internacionales.
Su postura es consecuencia directa de la reciente reforma al artículo Primero de la Constitución, que desde el 11 de junio señala que "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos".
El ministro Guillermo Ortiz explicó que este criterio, de ser aprobado, no llevaría a que los jueces expulsen del orden jurídico las leyes que les parezcan inconstitucionales o contrarias a un tratado -lo que sigue siendo facultad federal-, sino a que las desapliquen en el caso concreto que estén resolviendo.
"Cualquier juzgador, sea federal o local, tiene deber de velar por el cumplimiento de los principios contenidos en la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales", afirmó Olga Sánchez Cordero.
Arturo Zaldívar destacó que con este criterio sería en la justicia local, la más cercana a la gente, donde podrían resolverse muchos conflictos que actualmente llegan a la justicia federal por vía del amparo.
La minoría advirtió que la sentencia Radilla, dictada en noviembre de 2009, no ordenó a la Corte emitir criterios de esta naturaleza, pues la CIDH solo hizo referencias en párrafos...
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