Buscan que ciudadanos designen a nuevo fiscal

AutorFrancisco Rodríguez

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, dio a conocer ayer que para garantizar transparencia en el relevo del equipo de trabajo para investigar la muerte de Digna Ochoa, solicitó a Rosario Ibarra de Piedra, al periodista Miguel Angel Granados Chapa y a la defensora de Derechos Humanos Magdalena Gómez, que sean ellos quienes designen al nuevo fiscal del caso.

El funcionario externó en conferencia de prensa que no hay plazo para la designación y que, por lo pronto, él está encargado de las diligencias que realice el equipo de agentes del Ministerio Público que laboran para esclarecer los hechos.

"Para confirmar el compromiso de imparcialidad y búsqueda de la verdad, he solicitado a estas tres personas de reconocida seriedad e imparcialidad, y respetadas por la colectividad, que me propongan a un fiscal especial", señaló.

Bernardo Bátiz manifestó que el elegido deberá cumplir con los requisitos de ley, estará a cargo de la averiguación previa, dependerá de manera directa del Procurador y contará con los recursos y apoyos humanos que requiera.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal afirmó que la decisión fue consecuencia de las diversas críticas que se han hecho públicas en los medios de comunicación en contra de la dependencia y, en especial, de los servidores públicos que han tenido la responsabilidad del caso.

El funcionario recordó que hasta la fecha han declarado por lo menos 200 testigos, y que se han realizado un total de 175 pruebas periciales en diversas áreas, además de las diligencias practicadas en el Distrito Federal y varios estados de la República.

La activista Digna Ochoa apareció muerta el 19 de octubre del 2001 en un despacho localizado en la calle de Zacatecas número 31, en la colonia Roma.

A partir de ese momento, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Alvaro Arceo Corcuera, nombró a un grupo de ministerios públicos para hacerse cargo de la investigación.

Ante la presunción de que se filtró información por parte del primer equipo, el 10 de diciembre del 2001 Bátiz nombró al entonces subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, Renato Sales, como el fiscal responsable de continuar con las investigaciones.

Sin embargo, ante la resistencia de los familiares de Ochoa para aceptar la hipótesis del suicidio a la que llegó el equipo que encabezaba Sales, éste presentó su renuncia al cargo de subprocurador el pasado 20 de junio.

El lunes pasado...

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